La prestación del servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial se ha consagrado como una monumental “chapuza”, fruto de la “incompetencia” del Partido Popular, incapaz de resolver la adjudicación del servicio desde noviembre de 2016. Por eso, el PSOE apela a la responsabilidad del presidente, César Rico, para resolver esta situación.

15 meses de prórroga por parte de la anterior adjudicataria del servicio, por cierto, la última de la lista en la valoración de las cinco ofertas del pliego de cláusulas para el nuevo contrato, generan incertidumbre entre las más de 230 trabajadoras que ocupa y los más de 1.800 usuarios que atiende. Y cómo no, entre las propias empresas que aspiran a prestarlo.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, David Jurado, ha denunciado esta situación y la falta de transparencia del equipo de Gobierno del PP, que ha mantenido en silencio esta circunstancia hasta que el PSOE la destapó en el último Pleno del pasado 2 de febrero. La crítica surgió a raíz de una nueva aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar este servicio a la empresa que lo sostiene hasta que la Diputación resuelva el nuevo contrato.

Jurado reveló entonces que la Institución provincial está abonando este servicio por la vía extrajudicial desde finales del año pasado ante la ausencia de un soporte legal o contrato.  Así lo expuso el viernes 2 de febrero en el Pleno y, ‘curiosamente’, el lunes 5 de febrero se produce una modificación en la web del perfil del contratante de la Diputación en la que se incorporan todas las actas y documentos referidos al proceso de selección de nueva empresa para este servicio, hasta entonces, ocultas.

A través de la información que la Institución provincial tarda meses en colgar en su portal de transparencia y después de preguntar en las comisiones de Hacienda y de Bienestar Social, el Grupo Socialista conoció que el pliego del concurso no se sacó hasta julio de 2017, pese a que la prórroga del anterior contrato venció ocho meses antes. La oferta se publicó en agosto y la primera adjudicación se produjo en noviembre de 2017. Sin embargo, la empresa ganadora, OHL, renunció y, en la actualidad, la Diputación sigue esperando a que la segunda en puntuación, tras readjudicar el servicio en enero de 2018, se pronuncie.

Una negligencia “inaceptable” por parte del equipo de Gobierno la relacionada con la tramitación del contrato de este servicio, a la que hay que sumar la nula exigencia de garantías a las empresas que concurrieron al concurso. De hecho, a OHL la Diputación no le ha sancionado por renunciar, porque los pliegos no lo contemplaban.

Y no es lo peor de estos pliegos, según Jurado, que añade que prevén un recorte en el servicio, puesto que la memoria de 2017 habla de un gasto de 4,4 millones, con 1.821 usuarios de 420 localidades  y 292.734 horas prestadas, y el nuevo contrato se licita por 4,3 millones y una previsión de 260.334 horas de prestación. Todo ello, en una provincia con un envejecimiento poblacional creciente y asolada por una importante dispersión poblacional. Por eso, Jurado censura el recorte previsto en un servicio con una demanda en aumento, como demuestran los datos de 2017, con 467 nuevas altas y 229 bajas.