El Grupo Provincial Socialista acusa de “falta de transparencia” al presidente de la Diputación, César Rico, y al equipo de Gobierno del PP, por “la desinformación y el secretismo con el que siempre han contestado a las preguntas sobre la deuda del exarrendatario de la finca El Moscadero”, según el diputado Javier Lezcano.

La Comisión Provincial de Agricultura tratará mañana la propuesta de ratificación del acuerdo de disolución del Consorcio de Promoción Agropecuaria provincial para su elevación al Pleno de la entidad, un ente constituido por la Diputación y la Caja de Ahorros Municipal de Burgos el 20 de enero de 1962, como copropietarias de las 286 hectáreas de extensión de estos terrenos entre Llanos de Bureba y Los Barrios.

El informe jurídico que acompaña al expediente recoge la propuesta de las acciones judiciales que correspondan en la reclamación de las cantidades adeudadas a este ente, por importe de cerca de144.000 euros por parte del exarrendatario de la finca, al que tuvo que denunciar en 2015 por incumplimiento del contrato que suscribieron en 2010 y el PSOE se interesará por las mismas. En concreto, el Consorcio denunció el impago de la renta de dos campañas agrícolas y el IBI correspondiente a tres ejercicios y la Justicia autorizó el desahucio por impago y la ejecución del aval. Una circunstancia por la que el Grupo Socialista se interesó en reiteradas ocasiones durante el anterior mandato y a la que el Partido Popular “respondió con evasivas y siempre a hechos consumados”.

El diputado provincial Javier Lezcano recuerda que aquella adjudicación sorprendió desde el principio, puesto que se hizo a “una empresa de la construcción, sin experiencia agraria, que ni siquiera atendió la finca”. Además, añade, el arrendatario era un afiliado del PP, ahora exteniente de alcalde de Villayerno Morquillas, por lo que en el Partido Popular “tendrán que explicar por qué ha tardado tanto en resolver esta situación, en contra de los intereses de la Diputación”.

El socialista añade que “la mala gestión del PP” repercutió en el precio final de la subasta de esta finca, por 3,4 millones, después de deducir 125.334 euros de su tasación al carecer de la garantía de la disponibilidad de los derechos de la PAC, por lo que pide explicaciones al presidente de la Diputación. “Este mismo caso se produjo con la finca de Albillos, que se tuvo que sacar a subasta para su arrendamiento también sin los derechos de la PAC, lo que provocó una caída de su precio y que perdiera atractivo para los agricultores”.

Sobre la disolución del Consorcio de Promoción Agropecuaria Provincial que se abordará mañana en la Comisión provincial de Agricultura, Lezcano recuerda que este ente suscribió en 2014 un protocolo de colaboración con la Diputación Provincial que implicaba una aportación de 50.000 euros a la contratación de motoniveladoras, “del que nunca más se supo hasta la fecha, cuando siguen paradas, pese a la ingente cantidad de solicitudes de actuación en diversos pueblos que acumula el servicio”.