El Partido Popular se niega a urgir a la Junta de Castilla y León un plan contra incendios forestales adecuado a las necesidades actuales, tras 35 años de arrastrar un plan mal dotado e insuficiente para afrontar las actuales necesidades.

 

El Pleno de la Diputación de Burgos ha rechazado, con los votos del PP y Vox, que cogobiernan la Administración autonómica, y de Ciudadanos, la proposición que ha presentado el Grupo Socialista para urgir la adopción de las medidas oportunas en relación con los servicios públicos de prevención de incendios, emergencias y salvamento de Castilla y León.

 

La excusa que ha empleado la portavoz popular Inmaculada Sierra ha sido que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto para combatir los incendios forestales durante todo el año, a lo que el portavoz socialista, David Jurado, ha respondido que, en base a esa norma, la Comunidad Autónoma dispone de cuatro meses para adaptarse a las medidas y duda de que llegue a tiempo, después de un plan deficiente e insuficiente que arrastra desde hace 35 años.

 

Jurado ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de pretender “aparentar que gobierna, mientras que espera que sea el Gobierno de Sánchez el que le resuelva los problemas”, aunque es la Administración autonómica la que tiene competencias exclusivas en materia de prevención y extinción de incendios. Así, ha rechazado retirar la proposición, como le pedían los socios del equipo de gobierno provincial, PP y Cs.

 

Además, el portavoz socialista ha recalcado que el adelanto electoral en Castilla y León que promovió el PP con intereses exclusivamente partidistas impidió aprobar el Presupuesto autonómico que fijaba un aumento del 10% en el plan para combatir los incendios forestales.

 

La moción socialista que ha rechazado el Pleno de la Diputación proponía, entre otras cosas, instar a la Junta a aprobar un nuevo plan sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunidad, previa reunión con la mesa sectorial; la creación del Consorcio Autonómico de Bomberos, garantizando la cofinanciación del 50% del coste total del mantenimiento; además de instar a la actualización del Plan de Protección Civil en el plazo de tres meses. También abogaba por el inmediato inicio de la tramitación en sede parlamentaria de la Ley de Emergencia Climática de Castilla y León mediante proyecto de ley, así como la ley reguladora de los servicios públicos de prevención de incendios, emergencias y salvamento.