Así de contundente fue en su respuesta escrita al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una carta que firmó el pasado 26 de julio. Esta contestación cierra la puerta a la supresión de las 78 paradas de autobús y de algunas conexiones que denunció el Partido Popular tras conocer el borrador del Mapa Concesional Estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por autobús en coordinación con las comunidades autónomas.

 

Sin embargo, en su afán de “enredar”, como ha reprochado el diputado provincial socialista Javier Lezcano a la bancada del PP en el Pleno de la Diputación, aun conociendo el contenido de este escrito, los populares, Ciudadanos y Vox han presentado una proposición para pedir la retirada del mapa concesional y se han negado a dejarla sobre la mesa. Y todo a pesar de que Lezcano ha leído la carta, en la que la ministra dice, entre otras cosas, que el Gobierno ha optado por un modelo participativo en el diseño del documento, “que se ha descontextualizado de forma interesada con el fin de dar una imagen diferente a la real”.

 

En ese sentido, el Ministerio solicita a la Junta “la máxima lealtad institucional, con el fin de poner a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones, porque el objetivo es ampliar y sumar esfuerzos entre administraciones con el fin de prestar un mayor y mejor servicio que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de la ciudadanía”.

 

A pesar de esta aclaración del Grupo Socialista, los proponentes han aprobado la proposición, por lo que Lezcano les ha acusado de intentar generar un alarmismo injustificado y les ha recordado que el acceso a la sanidad pública también es un derecho fundamental, en alusión a la deficitaria prestación del servicio por parte de la Junta en el medio rural.