“¿No podemos llegar a 20.000 habitantes y a tres millones de euros? Me van a permitir, pero no me lo creo. Lo que hay que tener es voluntad política de ejercer las competencias propias de la Diputación, que es el asesoramiento y la ayuda a los pequeños municipios, aunque, claro, es mucho más cómodo no meterse en esos tinglados”. Con estas palabras ha afeado el diputado provincial socialista Ignacio Grajal el rechazo del PP, Cs y Vox  a la proposición del PSOE  para que la Diputación elabore un proyecto para la mejora de la eficiencia del ciclo urbano en la provincia de Burgos.

 

La excusa del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos para rechazarla ha sido la incapacidad de acceso de la Diputación a las ayudas europeas de los fondos Next Generation en esa materia, por los requisitos de la propia Orden del Gobierno que recoge el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Ecológica, (PERTE), de Digitalización del Ciclo del Agua. Sin embargo, Grajal está convencido de que la Institución provincial podría elaborar el proyecto base y ofrecer su adhesión a los ayuntamientos hasta aglutinar el número suficiente de habitantes y agrupaciones para presentarlo a esta convocatoria.

 

“La Orden está ahí, podemos hacer eso, no nos limitemos”, ha insistido, sin éxito, aduciendo que el proyecto no es complejo, ya que “básicamente se trata de un esquema de red y de número de contadores”. “Yo nunca pensé que ustedes se iban a oponer a una solución que permitiera que los ayuntamientos se pudieran agrupar y acudir a una subvención del 80% y, que en algunos casos, alcanza incluso el 85%”, ha lamentado.

 

Los socialistas han llevado al Pleno ordinario de noviembre otros asuntos que preocupan a los pueblos, como el reciente inicio del cobro del IBI de rústica y urbana a todas las pedanías. Hoy el viceportavoz del PSOE en la Diputación, Javier Lezcano, ha informado al presidente, César Rico, de que el Grupo Socialista ha registrado por escrito la solicitud de que se les informe a las pedanías, así como el estudio de posibles exenciones y bonificaciones.

 

También se ha preocupado el PSOE por el importante incremento de la factura energética que, según Grajal, están experimentando las localidades adheridas al contrato centralizado desde la Diputación, por lo que ha pedido negociaciones con la empresa suministradora.

 

Además, Grajal se ha interesado también por la situación de los proyectos de abastecimiento de agua a la Vecindad de Burgos y el del Alfoz de Burgos, con cuyos ayuntamientos afectado, según Rico, se celebrará una reunión próximamente. También ha explicado el presidente que el presupuesto de 2023 no contempla partidas para estos proyectos, ya que Somacyl no participa hasta que las obras están finalizadas y entregadas, aunque ha abierto la puerta a incorporar remanentes de tesorería en 2023 si fuera necesario.

 

 También en el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz socialista, David Jurado, ha aprovechado para preguntar al presidente de la institución provincial, César Rico, y al del PP, Borja Suárez, si los parlamentarios populares conocen que el Ministerio está esperando a que la Diputación presente el proyecto del tramo entre Cascajares de la Sierra y Hontoria del Pinar, ya que han anunciado una enmienda a los PGE 2023 para su mejora.

 

La respuesta del equipo de gobierno ha confirmado que el proyecto sigue paralizado y, según el diputado provincial del PP Ramiro Ibáñez, a la espera de que los ayuntamientos con reparos se pongan de acuerdo. Es decir, que “estamos igual que hace un año”, ha zanjado el portavoz socialista.

 

Jurado ha preguntado también por la Valoración de Puestos de Trabajo de la Diputación que prometió el vicepresidente primero, Lorenzo Rodríguez,  para este mandato y que casi le costó la dimisión como responsable de Personal ante la imposibilidad de cumplir. Después de ese episodio, anunció que retomaba el proceso, pero el PSOE ha tenido acceso a informes técnicos contrarios a la única oferta que ha concurrido al nuevo proceso. El presidente de la Diputación ha eludido la respuesta y ha prometido contestar por escrito.

 

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos ha aprobado una declaración institucional de todos los grupos políticos encontra de la violencia de género de cara al próximo 25 de noviembre, de la que solo se ha desmarcado el diputado de Vox, Nicasio Gómez, que no la ha firmado.