El senador socialista por Burgos, Ander Gil, considera una “injusticia” la negativa del Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, lo que, en su opinión, “evidencia su nula voluntad de repartir de forma equitativa los esfuerzos derivados de la crisis”.

Unos esfuerzos que, en el caso de las familias que residen en la provincia burgalesa, se traducirán en el pago de 1.465 euros más de media este año por la subida del IVA y el resto de impuestos que ha aprobado aumentar el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En el caso de la ciudad de Burgos, además, la subida de tasas y precios públicos que acaba de aprobar el Ayuntamiento, supondrá un aumento medio de más de mil euros anuales en tributos municipales. Sin embargo, apunta Gil, “la Iglesia Católica no se apretará el cinturón de manera proporcional, gracias a la condescendencia del Gobierno hacia sus privilegios”.

Así interpreta el senador socialista la respuesta negativa del Ejecutivo a su pregunta por escrito sobre si se planteaba algún cambio de las normas fiscales y tributarias, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, o establecer algún tipo de recomendación o incentivo a los municipios, dada la actual escasez de ingresos en las arcas municipales con el propósito de que la Iglesia Católica cumpla con el pago de tributos como el IBI.

“La financiación de la Iglesia Católica se establece en una norma que tiene naturaleza de convenio internacional, cuya modificación exige, por tanto, un nuevo acuerdo entre las partes”, concluye el escrito de respuesta. Ander Gil lamenta esta postura del Gobierno, al considerar que “no es ni justa ni equitativa y la sociedad burgalesa tiene motivos más que de sobra para sentirse estafada por el Partido Popular”.

El Ejecutivo central rechaza elaborar un censo de bienes de la Iglesia
Y si la posibilidad de adoptar las medidas oportunas que permitan cobrar el IBI a la Iglesia no ha encontrado acogida en el Ejecutivo central, tampoco la de establecer un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos titularidad de la Iglesia Católica en España y de sus organismos dependientes.

Este era el objeto de una segunda pregunta con respuesta negativa que ha conocido Gil esta semana.

El Gobierno considera que “no existe motivo alguno que justifique la elaboración de un censo especial para bienes de un sujeto determinado como es la Iglesia Católica”. Una explicación que, en opinión del senador socialista “corrobora que el Partido Popular no tiene ningún reparo en cargar el peso de la crisis sobre las costillas de los trabajadores, mientras hace todo tipo de concesiones a la Iglesia”.