“Estamos asistiendo al mayor ataque al Estado del Bienestar, que incluye la derogación de la Ley de Dependencia”, así lo ha expresado la secretaria de Políticas Sociales de la Comisión Ejecutiva Autonómica socialista, Marta Olmedo. Unas declaraciones que han suscrito tanto el secretario general del PSOE burgalés, Luis Tudanca, como el secretario de Autonomía Personal, Dependencia y Discapacidad, Víctor Villar.
 
La reciente publicación en el BOCYL de la orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades supone la materialización de los recortes que a su vez aprobó el presidente Rajoy hace unas semanas dentro de las medidas de ‘austeridad y estabilidad presupuestaria’; “curioso nombre”, para Tudanca, puesto que con ellas, asegura, se “lleva a la práctica el desmantelamiento” de la Ley de Dependencia aprobado en el Consejo de Ministros.
 
Para el líder de los socialistas burgaleses, el Gobierno de Herrera se ha convertido en “una sucursal del de Rajoy y en brazo ejecutor de los recortes. Las exigencias de otros tiempos se han transformado, únicamente, en reverencias al Gobierno de España”.
 
Cifras que hablan por sí solas. Hay más de 8.000 burgaleses en nuestra provincia que reciben prestaciones por Dependencia, gracias a una Ley que puso en marcha el Gobierno socialista y cuya paralización “pone en riesgo la atención a los más débiles en un territorio especialmente envejecido”, ha señalado Olmedo.
 
“En Burgos hay cerca de 1.000 dependientes moderados que en 2015 verán imposibilitado su acceso a los servicios y prestaciones del sistema de Dependencia”, ha lamentado Olmedo, quien ha añadido que “en ningún caso, las decisiones del PP pueden justificar una mayor agilidad”, puesto que las administraciones tienen seis meses para resolver las solicitudes de los dependientes, un plazo que ahora se amplía a dos años, y en ningún supuesto tendrá efecto retroactivo.
 
Las prestaciones a cuidadores, “los que se hacen cargo de sus familiares dependientes, en Burgos casi 3.000”, supone una ayuda media de 400 euros al mes y que se verá reducida en un 15% (720 euros menos al año), que el próximo año, según la propia consejera de Familia, Milagros Marcos, podría llegar a un 25% (1.220 euros menos al año), y el siguiente, a un 35% (1.680 euros menos al año).
 
Igualmente, se revisa el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar que consiste en que las personas por quienes se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores pueden voluntariamente permanecer en éste, siempre y cuando abonen ellos la totalidad de la cotización. “Se castiga así a quienes han cedido gran parte de su vida a cuidar de su familiar”, ha criticado Villar.
 
En Burgos, además hay 2.500 personas que podrían verse perjudicadas por el régimen de incompatibilidad, de tal manera que no puedas disfrutar de servicios y prestaciones necesarios.
 
“La tragedia de tener acceso, por ejemplo, a un centro de día y no poder acudir al mismo por la desatención para levantarse y asearse (ayuda a domicilio) podría ser un claro ejemplo de la ignominia de las decisiones adoptadas”, ha puntualizado Villar.

Y suma y sigue. En el Presupuesto Regional de 2012, se han reducido en cinco millones de euros las ayudas a residencias concertadas. En Burgos había 283 plazas de este tipo que, con las decisiones de la Junta, serán 32 menos. “A los recortes de Rajoy, se unen los de Herrera, para condenar así a expulsar de la Dependencia a más personas y asfixiar las economías familiares”, ha reprochado Olmedo.
 
Para el PP, las mujeres y los mayores, lo ‘primero’. El PSOE muestra una especial preocupación por las mujeres puesto porque son el 67% de los beneficiarios de las Ley de Dependencia y ocupan el 85% de los puestos de trabajo en el sector de los servicios sociales; y el colectivo de las personas mayores porque son habitualmente quien reciben estas prestaciones. Además de este “ataque”, han incrementado el precio de las residencias de la Diputación Provincial, lo que supondrá para los no asistidos casi 900 euros más al mes, y para los asistidos, más de 1.300 euros mensuales adicionales para pagar su plaza.
 
“Son recortes prescindibles, que están en el ADN ideológico del PP, como eliminar las becas, o recortar la cuantía del dinero contra la violencia de género porque tampoco creen en la igualdad entre hombres y mujeres”, ha criticado el máximo responsable de los socialistas burgaleses.
Por otra parte, Tudanca ha pedido que se prorrogue la ayuda de los 400 euros que termina este mes y que “es lo que salva de la exclusión a los miles de burgaleses que no tienen posibilidad de contar ahora con un empleo”.
 
Por último, ha aclarado que estos recortes en Dependencia son también “una mala decisión en lo económico”, puesto que se perderán muchos puestos de trabajo. Además, las asociaciones dedicadas a este ámbito, ante cualquier atisbo de denuncia, reciben llamadas de responsables de la Junta amenazándolos con que, si salen a la luz pública, “las ayudas dejarán de llegar”. “El PSOE no se va a callar, no nos da miedo el PP, los que están asustados son los ciudadanos por estas medidas absolutamente intolerables”, ha sentenciado.
 
En esta línea Olmedo ha censurado que desde los centros de acción social se desanima, a petición de la propia administración, a solicitar la prestación de la Dependencia, por lo que presumen de que no hay listas de espera “cuando se les está desincentivando a los propios dependientes a que accedan a esos derechos”.