Este “nuevo ataque al Estado del Bienestar”, según los socialistas, supone, por ejemplo, que quien recibiera una ayuda mensual de 309 euros por esta prestación pasa a percibir 31. La formación socialista asegura que la Junta ha convertido este apoyo “en una limosna” 

Los más de 2.800 burgaleses dependientes que reciben prestación de cuidados en el entorno familiar sufrirán una reducción del 90% de esta ayuda. Los socialistas indican que esta decisión, además de ser “inhumana”, supone el incumplimiento del acuerdo para la adaptación del Sistema de Atención a la Dependencia de Castilla y León al Real Decreto Ley 20/2012. Este pacto, firmado entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Junta de Castilla y León señala, en su cuarta cláusula, que las cuantías máximas de los cuidados en el entorno se verían reducidas solamente en un 15%, en 2012; un 10%, en 2013; y un 10%, en 2014. Eso supone para 2014 un descenso hasta de un 35%, muy lejos del 90% que en la práctica se ha realizado. Esta decisión ha materializado, denuncia el secretario de Autonomía Personal, Dependencia y Discapacidad del PSOE de Burgos, Víctor Villar, realidades “tan dramáticas” como que una persona que recibía 309 euros mensualmente por esta prestación, pasa a percibir 31.

Por todo ello, Villar exige a la Junta de Castilla y León presidida por el ‘popular’ burgalés, Juan Vicente Herrera, y al Partido Popular de Burgos, que “no se burle de las personas dependientes”, al convertir “su derecho en una limosna”, y que “muestre su verdadera cara, sin agendas ocultas que intentan disimular bajo un manto de supuesta bondad”.

Además, a esta “pésima noticia” de un “descenso injustificable” en esta prestación, se ha sumado la retención de “nada más y nada menos que 50.000 expedientes el pasado mes, de los que más de 8.000 corresponden a la provincia burgalesa, cuyo abono se está efectuando en estos días.

No sólo eso. La Junta de Castilla y León ha comunicado esta decisión mediante una carta que, en muchos casos, fue recibida la semana pasada, sin otro tipo de aviso.

Esta decisión es, en boca de Villar, un “nuevo mazazo a los más desfavorecidos”. Y hay más, la Junta también ha eliminado la convocatoria destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan en este campo. “¿Resultado? La supresión de los servicios que prestan estas organizaciones a más de 9.000 personas con discapacidad en la provincia. La ‘magnífica’ excusa del Gobierno de Castilla y León es la de priorizar la atención individualizada. De esta manera, a partir de ahora, el dinero que se reciba por esta prestación de dependencia se destinará a las asociaciones”, ha criticado Villar, quien añade que esta medida augura la “práctica desaparición” de éstas, haciéndoles competir con las empresas, de tal manera que las obligan a tomar esa forma. Por ello, lamenta, estas organizaciones pierden su sentido primario, “su carácter social y velar por los derechos de sus asociados”.

Igualmente, estos cambios -adelanta- supondrán una inevitable subida de la tarifa de la prestación, al tener que competir en el mercado libre con gabinetes médicos y empresas de servicios sociales.