El secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, ha anunciado que el PSOE pedirá en las Cortes de Castilla y León una Comisión de investigación a raíz del alto número de irregularidades en relación a la construcción y equipamiento del nuevo hospital. Así, Tudanca ha explicado que, “la última” ha sido que la Junta ha pedido un crédito de 100 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones en nombre de las empresas que gestionan el hospital para dárselos a éstas y así puedan pagar el equipamiento. “Es decir, acudimos a la gestión privada para no endeudarnos y luego hacemos de intermediario para que las empresas consigan financiación que luego pagarán del canon que la administración pública le abonará cada año. Es ridículo”, ha sentenciado. 

Así, el líder de los socialistas burgaleses ha argumentado que la ciudadanía merece saber “qué se ha hecho con su dinero” y por qué ahora tienen un hospital privado “que ha costado el doble que uno público”. Además, unas instalaciones, recalca, cuyo mantenimiento diario cuesta tres veces más que el General Yagüe, “lo que provoca una sangría económica de consecuencias incalculables”. También tiene derecho a conocer, considera, por qué han cerrado de forma improvisada y urgente el Hospital Divino Valles, apenas unos meses después de que se afirmara su continuidad, dejando a nuestra provincia con 100 camas menos de las que teníamos antes de privatizar nuestra sanidad; o por qué el canon del hospital ha pasado de 30 millones en el contrato a 71 el primer año que se paga, ha enumerado Tudanca entre muchos otros motivos.

Por todo ello, los socialistas vaticinan, además, que sucederá con estos hospitales en España lo mismo que en Reino Unido, que la Administración pública “a un coste desorbitado” tendrá que rescatarlos de la gestión privada, ya que “nos hemos colocado en manos de las empresas que hacen con la Junta lo que quieren”.

“Han sido muchas las ocasiones en las que los procuradores del PSOE han solicitado información en las Cortes sobre el hospital y solo se han obtenido evasivas cuando no mentiras”, ha criticado Tudanca.

Un sinfín de contradicciones. Sin duda, desde que se anunciara la construcción de este nuevo hospital, uno de los hechos más llamativos han sido las contradicciones entre la información de la Junta y las cuentas de la empresa concesionaria depositadas en el Registro Mercantil.

Como ejemplo, el socialista ha expuesto que en octubre de 2009, fecha en la que ya debían estar inauguradas las instalaciones, se aprueba un primer modificado por importe de más de 56 millones de euros. Sin embargo, en las cuentas de la empresa de ese año se afirma que el incremento era ya de 130. “¿Cómo es posible que en tres meses casi se triplique el sobrecoste? ¿Os es que no conocía la Junta las cuentas del hospital? Esto parece complicado, ya que las cuentas de la empresa depositadas en el Registro Mercantil llevan también la firma del entonces delegado territorial de la Junta en Burgos y hoy senador, Jaime Mateu”, ha sentenciado Tudanca, quien ha añadido que sólo un año después, el Gobierno regional autorizaba un nuevo modificado por valor de 157 millones. Sin embargo, “Juan Vicente Herrera, afirmaba tan sólo 15 días antes que el sobrecoste era de 62. Por lo tanto, “mentía de forma consciente a todos la ciudadanía” ha reprochado Tudanca, quien también entiende “inconcebible” que una infraestructura supere los 200 millones de sobrecoste y que se ejecuten las obras antes de que se aprobaran los modificados por parte de la Administración. Igualmente, se ha preguntado cómo es posible que hayan cesado al jefe de medicina interna, el doctor Juan Francisco Lorenzo, por criticar la gestión del Sacyl.

Por su parte, el procurador Julián Simón de la Torre ha recordado que cuando se anunció la construcción del hospital bajo esta fórmula, “el PSOE, y la sociedad burgalesa, advirtió de que la Junta se equivocaba”. En esta línea, ha coincido con su compañero Luis Tudanca, al asegurar que la realidad ha desmontado las tres mentiras en las que se justificó la elección de este modelo: ni más rápido, se demoró su puesta en marcha hasta principios de 2012 y ésta ha sido “caótica”; ni más barato; y, por último, no es más sostenible. “Con este ritmo de inversión -esos 71 millones en concepto de canon anual- podíamos haber pagado un hospital íntegramente público en tres años y medio”, ha puntualizado el procurador.