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El PSOE de Burgos se interesa por el número de casos de fraude de ayudas a fallecidos en la provincia
26/01/2013
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La formación entiende que una irregularidad de estas dimensiones debe saldarse con la total depuración de las responsabilidades “caiga quien caiga” 4.100 fallecidos figuraban como beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Región, lo que supone casi 20 millones que recibió la Junta del Gobierno entre 2007 y 2011 sin que le correspondiera El procurador socialista David Jurado anuncia que su formación ha pedido los datos correspondientes a la provincia burgalesa tanto de número de prestaciones como de cuantía de las mismas sobre las ayudas por dependencia a fallecidos, además de solicitar la comparecencia de la consejera de Familia, Milagros Marcos, para que dé “las explicaciones que debe, en lugar de la retahíla de mentiras que sólo agrava la situación”. Para él, que más de 4.100 fallecidos figurasen como beneficiarios de la Ley de Dependencia en Castilla y León, cuya suma casi alcanza los 20 millones de euros que, a su vez, recibió la Comunidad del Ministerio sin que le correspondiera entre 2007 y 2011, es una “desvergüenza” y otra “estafa injustificable”. La fuente que ha aportado estas cifras es, recuerda, “nada más y nada menos que el Tribunal de Cuentas”. La Junta, cuyos responsables no lo pensaban dos veces antes de, durante ese mismo período, acusar injustamente al Gobierno de Zapatero de no transferir el dinero para este fin, debe dar respuestas y abandonar su eterna estrategia de ‘balones fuera’”, opina Jurado. “¿Dónde están esas ayudas? ¿Qué responsables regionales están implicados en este escándalo? ¿Pedirán disculpas públicas o, como siempre, mentirán para ocultar sus irregularidades”, se pregunta Jurado, quien entiende que “una irregularidad de este calibre es también un insulto a todos los dependientes que en estos momentos sufren hachazos en sus prestaciones, lo que los condena, en muchos casos, a no tener derecho ni a cubrir las necesidades más básicas”. De esta manera, el procurador burgalés advierte a los ‘populares’ de que no van a permitir que “se zanje el tema con ambigüedades que pasen por errores administrativos”, y, aclara, que aunque así fuera, “sería igualmente imperdonable y motivo suficiente para una cascada de dimisiones empezando por el presidente Herrera”.
La formación entiende que una irregularidad de estas dimensiones debe saldarse con la total depuración de las responsabilidades “caiga quien caiga” 4.100 fallecidos figuraban como beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Región, lo que supone casi 20 millones que recibió la Junta del Gobierno entre 2007 y 2011 sin que le correspondiera El procurador socialista David Jurado anuncia que su formación ha pedido los datos correspondientes a la provincia burgalesa tanto de número de prestaciones como de cuantía de las mismas sobre las ayudas por dependencia a fallecidos, además de solicitar la comparecencia de la consejera de Familia, Milagros Marcos, para que dé “las explicaciones que debe, en lugar de la retahíla de mentiras que sólo agrava la situación”. Para él, que más de 4.100 fallecidos figurasen como beneficiarios de la Ley de Dependencia en Castilla y León, cuya suma casi alcanza los 20 millones de euros que, a su vez, recibió la Comunidad del Ministerio sin que le correspondiera entre 2007 y 2011, es una “desvergüenza” y otra “estafa injustificable”. La fuente que ha aportado estas cifras es, recuerda, “nada más y nada menos que el Tribunal de Cuentas”. La Junta, cuyos responsables no lo pensaban dos veces antes de, durante ese mismo período, acusar injustamente al Gobierno de Zapatero de no transferir el dinero para este fin, debe dar respuestas y abandonar su eterna estrategia de ‘balones fuera’”, opina Jurado. “¿Dónde están esas ayudas? ¿Qué responsables regionales están implicados en este escándalo? ¿Pedirán disculpas públicas o, como siempre, mentirán para ocultar sus irregularidades”, se pregunta Jurado, quien entiende que “una irregularidad de este calibre es también un insulto a todos los dependientes que en estos momentos sufren hachazos en sus prestaciones, lo que los condena, en muchos casos, a no tener derecho ni a cubrir las necesidades más básicas”. De esta manera, el procurador burgalés advierte a los ‘populares’ de que no van a permitir que “se zanje el tema con ambigüedades que pasen por errores administrativos”, y, aclara, que aunque así fuera, “sería igualmente imperdonable y motivo suficiente para una cascada de dimisiones empezando por el presidente Herrera”.
