La iniciativa persigue acabar con la precariedad laboral, por ejemplo, del servicio que Defensa contrató con Marsegur -ahora Novo Segur- para sus instalaciones en el conjunto del país. Este caso afecta a más de 600 trabajadores, unos 12 en la provincia burgalesa

La diputada nacional Esther Peña ha defendido esta tarde, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una proposición no de ley (PNL) para evitar la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas.

Una iniciativa que ha salido adelante gracias a 18 votos a favor -9 del PSOE, 7 de Unidos Podemos, 1 del PNV y 1 de ERC- frente a los 14 en contra del PP y las tres abstenciones correspondientes a Ciudadanos.

Para Peña, “es lamentable que el PP vote en contra de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. Ahora esperamos que se lo expliquen a los trabajadores de Capitania y de la Farmacia del Aire”.

Con esta PNL, el Congreso insta al Gobierno a recuperar la prevalencia del convenio sectorial ante los de empresa como práctica ordinaria, mediante la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012. 

Asimismo, como ha explicado Peña en su intervención, se plantea la adopción de “medidas para garantizar el respeto al convenio colectivo sectorial de aplicación haciendo condición necesaria que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral y no respeten unas condiciones dignas de empleo y sueldo para sus trabajadores” e “impulsar una contratación pública socialmente responsable  mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.

La diputada ha denunciado que “esta explotación que sufre el sector es responsabilidad del Gobierno del PP por la forma en que oferta contratos públicos, que condena a los trabajadores a tener peores salarios y peores condiciones laborales”.

“Por mucho que el Gobierno diga que no tiene nada que ver con las empresas, la realidad es que sí, que tienen que ver y mucho en la devaluación salarial  de los centenares de afectados en todo el país en ministerios como el de Defensa o el de Fomento en Burgos”, ha relatado. “Son los ministerios los que aceptan ofertas excesivamente bajas sin unos requisitos estrictos sobre salarios”, ha lamentado.

“Esto sucede porque ustedes crean normas que permiten el aprovechamiento abusivo de algunos empresarios y cuyos males pagan los trabajadores, pero también las empresas que cumplen en justicia la ley”, ha manifestado.

“Han permitido que se multipliquen determinados convenios de empresa que, sin causa objetiva, abaratan los costes laborales para posicionar sus productos o servicios a precios mucho más bajos que los ofrecidos por las empresas que sí que cumplen y aplicaban el convenio colectivo sectorial”, ha añadido.

“Su reforma laboral ampara esta práctica, la que permite que los convenios de empresa prevalezcan sobre el convenio estatal y la que impulsa rebajas salariales de escándalo”, ha criticado.

En definitiva, la PNL fija como objetivo acabar con la situación de precariedad laboral, por ejemplo, del servicio de seguridad privada que el Ministerio de Defensa contrató con Marsegur -ahora Novo Segur- para sus instalaciones en el conjunto del país. Caso que afecta a más de 600 trabajadores, unos 12 en la provincia burgalesa.

Asimismo, ha tachado de “escándalo” que estos empleados hayan pasado de cobrar en enero de este año 1.091 euros mensuales a percibir 726 en mayo por el mismo trabajo. “Eso sí, cuando se cobra, porque son decenas los que no han cobrado todavía los meses de verano”, ha añadido.