La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, y la procuradora socialista Virginia Jiménez han analizado hoy qué reserva el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2018 para la comarca mirandesa. La conclusión, una dura crítica: estas cuentas son un auténtico fraude para la provincia en general, porque el Ejecutivo autonómico “sabe que no va a ejecutar nada”. De hecho, como ha argumentado la líder de los socialistas burgaleses son los datos de la Cámara de Contratistas los que reflejan que solo se gasta uno de cada tres euros presupuestados para la provincia.

 

En definitiva: no se invierte lo estipulado, puesto que “no hay voluntad política” y para colmo “existen grandes olvidos”. En lo que se refiere a Miranda, no hay un solo proyecto nuevo para la comarca, “como si no tuviera ningún problema".

 

Para paliar todas estas carencias, los socialistas han presentado varias enmiendas centradas en la comarca, que suman 3.740.000 euros. Por ejemplo, reclaman 150.000 para el proyecto del nuevo Centro de Salud de Miranda y lamenta Peña que la partida más importante para la provincia sean los 82 millones destinados al canon del HUBU; esto es, al pago de la privatización de la sanidad.

 

Una cuestión relevante es que estos son los primeros presupuestos de la Junta una vez se ha conocido que la central nuclear de Santa María de Garoña no va a volver a abrirse. Sin embargo, ni un euro de presupuesto para la reactivación económica de la zona, en la que se incluye la comarca mirandesa. Una postura en radical contraste con la del Ejecutivo de Zapatero, quien en 2009 acompañó el anuncio del cierre con alternativa.

 

Por todo ello, Peña invita al presidente Herrera y al ministro de Energía, Alberto Nadal, ambos hoy en la provincia de Burgos, a dar explicaciones. Al primero, le recuerda que esta inversión debería ser complementaria al plan promoción industrial específico a Miranda del que “no se sabe absolutamente nada”. Y, al segundo, que “antes de irse, haga algo por Miranda", mediante la consideración de estas demandas.

 

En cuanto a la AP-1, Peña ha lamentado que no haber visto decir “esta boca es mía” a la diputada nacional Sandra Moneo, de Miranda. Y es que tampoco aparece en estas cuentas partida para ese, según ha descrito la diputada, "anuncio del anuncio" de la Consejería de Fomento con el Ministerio del ramo. Una decisión con el que, ha insistido, "no estamos de acuerdo", entre otros motivos porque la financiación es parcial y el desvío a este vial paralelo a la N-1 solo es obligatorio para un tipo de vehículos. “Esta propuesta es la misma que se realizó a La Rioja: el anuncio se produjo en abril y no se ha puesto en marcha la medida”, ha concretado.

 

Además, “si no tienen ninguna prisa en poner en marcha esto será porque no tienen ninguna prisa por cumplir que en diciembre de 2018 se liberalice totalmente la AP-1”, ha vaticinado.

 

Por su parte, la procuradora Virginia Jiménez ha denunciado el abandono de “lo social” que refleja estas cuentas. Y ha explicado que son “muchas y graves” las razones por las que su formación no puede apoyar el presupuesto.

 

Para la Plataforma Logística y Ferroviaria de Ircio, existe una “mísera partida” de 150.000 euros que los socialistas quieren solucionar con un millón de euros más. Para el plan alternativo a Garoña reclaman 1,8 millones -“si en años anteriores este plan era necesario este más puesto que el cierre es definitivo, a nosotros sí nos preocupan la zona y los puestos de trabajo” y piden 600.000 euros para financiar el coste del transporte pesado; 75.000 euros para el ARU y destinados al inicio de las obras del Hangar de las Artes, 40.000 euros “para los primeros pasos”.

 

Además, Miranda se beneficiaría de otras enmiendas destinadas a más puntos de la provincia, como la de planes especiales de empleo con 1,25 millones o las de la mejora de colegios de Primaria y Secundaria.