La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, y el portavoz socialista en el Senado y senador por la provincia, Ander Gil, han expuesto numerosas cifras que ilustran las trampas de la “recuperación” de la que el Partido Popular presume en sus comparecencias. 

 

El sexto aniversario de la reforma laboral -que se cumple esta semana- deja datos alarmantes, entre ellos, que se ha abaratado el coste del despido y conseguido que el objetivo se convierta en la norma habitual. En los cuatro primeros años de la crisis, 2008-2011, los que fueron objetivos supusieron el 23% de todas las altas iniciales en las prestaciones contributivas por desempleo no motivadas por terminar un contrato temporal. Pues bien, desde la reforma laboral, en el periodo 2012-2017, han pasado a conformar el 42%.

 

La reforma del PP también ha facilitado que las empresas puedan tramitar un ERE, con la ampliación del catálogo de causas y la eliminación de la necesidad de autorización administrativa. De hecho, la Oficina Provincial de Trabajo ha gestionado en 2017 un total de 4.060 expedientes vinculados a procesos que ha generado la caída de actividad y la desaparición de empresas.

 

Más datos, y de especial relevancia: el 91% de las contrataciones en la provincia son temporales y el 45% de ellas es por menos de un mes, y los salarios han perdido un 5% de su capacidad solo en cinco años.

 

Otro cifra contundente: el 53% de los asalariados en nuestra provincia cobra menos de 1.000 euros según datos de la Agencia Tributaria y 58.000 personas perciben menos del salario mínimo interprofesional (SMI). 

 

Retribuciones "de miseria" que, como han explicado ambos cargos, van producir “pensiones de miseria”: desde 2013 nuestra provincia ha dicho adiós, desde que el PP aplicara el 0,25%, 17 millones de euros en nóminas de nuestros pensionistas.

 

Los burgaleses que perciben una pensión media, en estos últimos dos años han perdido 300 euros. “La diferencia entre encender o no la calefacción”, ha advertido Gil, quien ha añadido que “el dinero que dejan de percibir los pensionistas en los últimos dos años es de 25 millones de euros” que, como consecuencia, es una cantidad que no circula en la economía burgalesa.

 

El salario medio de la provincia ha bajado en 2,5 puntos y el 60% de sus pensionistas no puede permitirse vivir de un fondo privado, por lo que Gil ha descrito la situación en un “sálvese quien pueda: quien pueda completar la pensión pública con la privada. Este es el modelo de salida de crisis que plantea el PP. Es un insulto a la ciudadanía de Burgos”, ha agregado.

Iniciativa para empleados públicos de la Junta. Peña ha explicado que su partido pretende ser el altavoz de los empleados públicos, en concreto, hoy, de los trabajadores de la Junta que en la provincia que son 11.323.

 

“Pediremos que el Ejecutivo autonómico adapte la ley de función pública de 2005 a la normativa estatal, que califica en el Grupo B a todos los titulados de grado superior, lo que no hace esta primera administración. Fundamentalmente los que están relacionados con temas medioambientales y sanitarios siguen estando en grupo C cuando deberían estar en el B por lo que solicitamos que adapte estas categorías”, ha avanzado.