El PP votó el lunes en contra en la Comisión de Presidencia de las Cortes de una Proposición no de Ley del Grupo Socialista que instaba a la Junta de Castilla y León a adaptar su Ley de Función Pública, del año 2005, a la normativa estatal.

Así, según explicó el procurador José Luis Aceves, el PP, con su voto en contra, no cumple con el Estatuto de los Empleados Públicos que obliga a las comunidades autónomas a adaptar su normativa. Por ello, le pidió que recapacite cuando la iniciativa se vote en Pleno, dado que hoy contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición.

La propuesta del PSOE pretendía avanzar en la consecución de unos servicios públicos de calidad que pasan por la adaptación de dicho Estatuto del Empleado Público a la normativa de Castilla y León.

Aceves incidió en la necesidad de que los funcionarios de la Comunidad puedan acogerse a la categoría B, que incluye todos aquellos titulados de grado superior y que como consecuencia de la no adaptación se encuentran en el grupo C, relativo al personal administrativo, muchos de los cuales del sector sanitario. Una situación que, denunció la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, afecta a un total de 11.323 burgaleses.

Del mismo modo, la propuesta de resolución, con la que el PSOE consiguió el apoyo de todos los grupos de la oposición, instaba también al Ejecutivo a que modifique los términos de promoción interna.

 

Es decir, según explicó el procurador socialista, es necesario que la promoción de un grupo a otro sea ventajosa para los funcionarios que ya trabajan en la administración y que, tras una formación voluntaria, quieren cambiar de grupo y han de hacerlo, hasta ahora, en las mismas condiciones que otro aspirante de fuera de la Administración.