El PSOE de Burgos y de Castilla y León se va a poner del lado de los alcaldes y alcaldesas de la provincia en contra del “chantaje” al que les pretende someter el PP con la financiación pública a las mancomunidades de servicios.

Según ha denunciado hoy el portavoz socialista en la Diputación de Burgos, David Jurado, tras el rechazo mayoritario de alcaldes y alcaldesas de la Comunidad y la provincia a las unidades de gestión y la ordenación territorial que pretendía la Junta de Castilla y León; el Partido Popular quiere “hacerles pasar por el aro” a través de los 6,5 millones de euros de subvenciones previstos para financiar las mancomunidades de servicios existentes.

Así lo están evidenciando los populares con la “gira” de sus representantes  por todas las provincias en reuniones similares a la que mantuvieron con alcaldes y alcaldesas la semana pasada en Burgos en el Monasterio de San Agustín para hablar sobre las mancomunidades.

Y no lo denuncia solo el PSOE de Burgos. Regidores y regidoras de distintos partidos han contactado en los últimos días con responsables de la formación para quejarse de que la Junta les insta a adoptar un acuerdo plenario por el que se comprometen a integrarse en un futuro en las mancomunidades de interés general que proponía la Junta en la frustrada ordenación para recibir la financiación oportuna. O lo que es lo mismo, condiciona estas ayudas que siempre han recibido las mancomunidades actuales de servicios a que se reordenen según las unidades de gestión que quería el PP.

La Consejería de Presidencia materializó ese “chantaje” con la Orden del 2 de marzo de 2018 que el PSOE pide a la Junta que retire. Así, el Grupo Provincial Socialista ha presentado una proposición para su debate en el Pleno de la Diputación del próximo 2 de abril, con el objetivo de que la Institución provincial traslade esta reivindicación al Gobierno autonómico, para que proceda a la devolución de dichas cantidades al reparto conforme a la Ley de PICAS.

Además, el PSOE de Burgos pide a la Junta realizar una convocatoria pública para la financiación de las mancomunidades, con criterios objetivos acordados con la federación regional de Municipios y Provincias, (FRMP) y mediante un procedimiento simplificado con mínimas cargas administrativas y mediante financiación de la Comunidad, nunca detraída de los ayuntamientos.