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En una proposición no de ley aprobada por todos los grupos menos el PP, que se ha abstenido
El PSOE exige la no discriminación por territorio en las tarifas de Correos
30/05/2018 FUENTE:
Esther Peña denuncia que el Gobierno ha decidió “incumplir los principios del servicio postal universal y encarecer una media del 30% algunos de los envíos a los 22 millones de ciudadanos que viven en los municipios menores de 50.000 habitantes en nuestro país”.

La diputada por Burgos, Esther Peña, ha defendido hoy en la Comisión de Fomento, una PNL socialista sobre la gestión de la sociedad estatal de Correos, que ha sido aprobada por todos los grupos menos por el PP, que se ha abstenido. La iniciativa es fruto de una transaccional con el resto de grupos. En su intervención, la ponente socialista ha recordado que tras unos años con el gobierno del Partido Popular, las palabras que encontramos sobre su labor en esta entidad pública son: “discriminación, denuncias e incumplimiento de leyes”.
 
Así, Peña ha defendido el derecho de los ciudadanos a las comunicaciones postales y ha reprochado al Gobierno que “parece que quiere acabar también con este servicio público”. En este sentido, ha indicado que su grupo pide que esta empresa pública “continúe jugando su papel de cohesionador social, territorial y económico de nuestro país prestando un servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en todos los  núcleos de población al margen de su rentabilidad económica”.
 
Además, indicó que quieren que Correos sea “un servicio público que siga llegando a todos los rincones del país; aprobar el plan de prestación del servicio postal universal previsto en la ley, fijando un servicio universal de calidad suficiente para atender a las demandas de los ciudadanos, usuarios y empresas, garantizando el coste de la carga financiera injusta del servicio, la prestación del servicio universal de calidad y regularidad y la red física que le da soporte con especial atención al ámbito rural y a través de una financiación adecuada”.
 
“Queremos de manera urgente que se adopten las medidas para corregir los obstáculos en relación con el derecho a comunicar y recibir información y acceso a la cultura, que se deriven de la discriminación tarifaria que afecta a las personas del medio rural y ciudades menores de 50.000 habitantes, aprobada por correos para el envío de publicaciones periódicas”, añadió Peña para resaltar también que quieren hablar de “empleo”.
 
Esfuerzo de los trabajadores
“En correos es incuestionable el esfuerzo e implicación de los trabajadores y las organizaciones sindicales para garantizar la viabilidad del operador público, en un contexto de fuerte merma de sus condiciones y derechos laborales”, explicó. Por ello, recordó la diputada socialista que, “llevan 7 años de congelación y recortes, con el convenio colectivo congelado desde diciembre de 2013 y la pérdida de más de 15 mil empleos, están sufriendo gran sobrecarga de trabajo y gran incertidumbre de futuro”. Además, señaló que “este gobierno hace trampas permitiendo que trabajos de carácter permanente se estén cubriendo con contratos temporales”.
 
“Apoyamos y nos sumamos a  las concentraciones y manifestaciones que el próximo día 7 se celebraran por todo el país”, destacó, porque desde el PSOE “apostamos por un nuevo pacto colectivo que busque garantizar las tasas de reposición, la estabilidad en el empleo mediante convocatorias de consolidación, la mejorar de las condiciones laborales y un pacto salarial para recuperar lo perdido en estos últimos años”.
 
Aumento del precio en el envío de publicaciones
Por otro lado, Peña recordó que el 1 de enero se conoció la aplicación de un aumento del precio en uno de los envíos postales, el de las publicaciones periódicas para los municipios menores de 50.000 habitantes (como las revistas educativas que trimestralmente llegan a los colegios), con un incremento del 30%.
 
“No logro entender este ensañamiento con el medio rural y se lo digo con preocupación porque soy de Burgos, la provincia con más municipios de España donde esta medida afecta a 370 de ellas”, lamentó. “Desde principios de este año, el Gobierno ha decidió incumplir los principios del servicio postal universal y encarecer una media del 30% algunos de los envíos a los 22 millones de ciudadanos que viven en los municipios menores de 50.000 habitantes en nuestro país”, criticó Peña.
 
Por todas estas razones, la diputada socialista ha apostado por “parar ya el  desmantelamiento silencioso y silenciado con el que el Gobierno castiga a Correos; poner fin de manera inmediata al constante recorte presupuestario en dicho organismo; asegurar que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana -como mandata la directiva postal independientemente de donde vivan-, así como defender la vialidad de correos como mayor empresa pública del país, una empresa estratégica en el ámbito del servicio público prestados a la ciudadanía”.

Peña se reunió hace unos días con responsables de correos de CCOO y UGT
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