El ministro confirma a Peña y Hernando la próxima constitución del grupo de trabajo oportuno con la Dirección de Carreteras de la Junta y ratifica su compromiso con el AVE

El Ministerio de Fomento constituirá de manera inminente el grupo de trabajo con la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León para analizar las alternativas de nuevos accesos y enlaces necesarios de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón, con motivo de la próxima liberalización de su peaje a partir del 1 de diciembre de 2019.

El ministro José Luis Ábalos ha confirmado a la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, y a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, que el Gobierno sigue la hoja de ruta que se ha fijado en este proceso y que continuará con el contrato de conservación de la vía.

El titular de Fomento se ha comprometido con las responsables del PSOE burgalés a mantener reuniones periódicas para el seguimiento de este procedimiento y dar respuesta a demandas como la que hoy le ha planteado Hernando de adoptar medidas para el desvío obligatorio del tráfico de la N-I  por el tramo liberado de la AP-1 entre Ameyugo y Armiñón, hasta que se complete la liberalización de la autopista.

Compromiso con la alta velocidad ferroviaria

Ábalos ha ratificado también su compromiso con la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Burgos y Miranda de Ebro, y el de informar puntualmente sobre el estado de las obras y los plazos. Recuerda, asimismo, que el proceso del trazado entre Burgos y Vitoria se encuentra en estudio de alegaciones.

Sobre Miranda, el ministro garantiza que seguirá siendo un nudo logístico ferroviario fundamental y que, por lo tanto, con el AVE, los trenes tendrán más o por lo menos las mismas frecuencias que en la actualidad.

 

A la reunión de trabajo de hoy han asistido también el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Javie Izquierdo y el secretario general de la Agrupación Socalista de Miranda.

Peña ha insistido en que todos los hechos confirman que en ningún caso era la intención del PP que a partir del 1 de diciembre transitar por la AP-1 fuera gratuito. La documentación existente corrobora que se contemplaba la posibilidad de una nueva concesión: los trámites técnicos y administrativos deberían haber estado puestos en marcha al menos 18 meses antes, para así llegar a la fecha mencionada en condiciones de seguridad, y no se comunicó nada a la empresa concesionaria.