El desastroso planteamiento del proyecto de ley provoca que sea muy improbable su implantación / La aplicación supondría que Nuclenor convierta al Valle de Tobalina en un “cementerio nuclear lowcost”, ya que almacenar los residuos en Francia es enormemente más costoso

 

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Hacienda, José Francisco Martín, ha presentado junto con el portavoz en el Senado, Ander Gil, y la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, las enmiendas del PSOE al Proyecto de ley de impuesto de almacenamiento de residuos nucleares.

 

De esta normativa solo ‘alaban’ los socialistas la creatividad tributaria que refleja, pues se crea un impuesto a la no actividad, algo inédito. Mucho más cuando han dado la espalda a gravar la actividad económica de una central, que como ha explicado Gil, ha conseguido miles de millones de beneficios cuando estaba operativa. “Es un insulto a la inteligencia”, manifiesta. Para él, plantear es te impuesto “es la excusa para que la Junta no tenga que implicarse en su obligación de ofrecer una alternativa al cierre”.

 

En contraposición expone el caso del Gobierno que sí tiene alternativa al desarrollo, como así sucedió con el Ejecutivo socialista que precedió al de Rajoy. 

 

Por ello, como ha explicado Martín han presentado enmiendas parciales y una a la totalidad para que por ejemplo, se diera cuenta, de cómo y cuándo se ejecutaría esa cantidad recabada por este impuesto, y que cada año se dupliquen los tipos impositivos de manera que cada vez sea más caro ese almacenaje.

 

De hecho, y dadas las enormes reservas de los socialistas ante la presentación de este proyecto de ley, después de que se apruebe la normativa esta formación va a presentar una propuesta de la que esperan el apoyo de todos los grupos, incluido el del PP, para que como mínimo se cree un plan de inversión de 10 millones anuales, algo que discurriría en paralelo al impuesto que, por sus graves errores de planteamiento, es muy probable que no prospere.

 

Es más, aparte de las previsibles reticencias de Nuclenor, existe otro impedimento y es que se podría recurrir el gravamen al existir ya uno estatal, por lo que se erige otro importante obstáculo para que este salga adelante.

 

Y es que lo que aquí se grava es un riesgo medioambiental, algo, como ha explicado Martín, inédito. Un paso que supondría que al día siguiente de su publicación se vaya a recurrir por varios frentes.  Es más, en la enmienda a la totalidad proyectada por el partido socialista, se argumenta que si se está hablando de “residuos peligrosos, de elevada vida útil y consecuencias a largo plazo difíciles de predecir y cuantificar tanto en el medio ambiente como en la salud”, como así reza la memoria del proyecto, si en el tributo grava “El riesgo de alteración del medio ambiente provocado por el combustible nuclear gastado “, hay que ser muy cautos para que no se llegue a amparar con un impuesto la realización de actividades que pudieran llegar a constituir un delito ambiental o un delito contra la salud pública.

 

El otro escenario que plantean los socialistas es el de su aplicación. ¿Algo positivo para la zona afectada por la central? De ningún modo, si saliera adelante, como ha explicado Peña, Garoña se podría convertir “en un cementerio nuclear lowcost”, puesto que por una cantidad mínima se almacenarían ahí los residuos y atraer otros; no se verían en la obligación de hacerlo en Francia, donde la tributación es mucho más dura.

 

Esther Peña ha lamentado la supresión durante siete años del plan alternativo a Garoña que puso en marcha el Gobierno de Zapatero y resume este impuesto como un “absoluto desastre” y un “parcheo ridículo”.