La procuradora Virginia Jiménez considera una “vergüenza” que los ‘populares’ voten en contra de cumplir lo establecido en los PGC

El PP se opuso hoy a una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para que la Junta destinase ya, de manera inmediata, los diez millones de euros presupuestados por la Comunidad para 2018 para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo y Dinamización Socioeconómica para las comarcas del entorno de la central.

Ante esta negativa, que ha supuesto que no se apruebe la PNL, la procuradora socialista Virginia Jiménez sostiene que es una “vergüenza” que el PP “sea capaz de votar en contra de que se invierta ni más ni menos que lo que se ha presupuestado en los Presupuestos Generales de la Comunidad y se ‘vende’ además por el propio presidente, el burgalés Juan Vicente Herrera, a bombo y platillo”.

 

“De nuevo el PP se retrata. Nada le importa a esta formación las comarcas afectadas -Miranda, La Bureba y Las Merindades-, este partido solo tiene en mente intentar engañar y confundir a la ciudadanía lanzando de forma continua compromisos que sabe que no va a cumplir”, lamenta.

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, aseguró durante la defensa de esta PNL que esta iniciativa es “la prueba del algodón” tras la “pataleta” de la Junta al anunciar un impuesto con finalidad “extrafiscal” que tenía como compromiso inversiones reales para invertir en la zona.

“¿Si no hay impuesto y no se recauda van a invertir o no?”, se preguntó Martín, para sospechar que podría tratarte de “un nuevo engaño”. “Tardaron un año en traer el peor impuesto y es tan malo que ni ha contado con el informe favorable de la asesoría jurídica, ni del Consejo Consultivo”, añadió.

Ese impuesto, que modificaron para darle carácter de riesgo, “lo vamos a pagar todos”, incidió Martín. Por eso, reclamó esos diez millones para la comarca que, según el PSOE, tienen que destinarse con carácter anual hasta que se desmantele la central nuclear de Santa María de Garoña.

La iniciativa pedía también que se solicitar a la Diputación de Burgos la colaboración con recursos propios al citado plan, contando con una partida presupuestaria suficiente en los próximos presupuestos generales de la Diputación y con características plurianuales.

Finalmente, solicitaba la creación de una mesa por el futuro de las comarcas afectadas, en donde la participación de las administraciones públicas competentes, los interlocutores sociales y económicos, los grupos en las Cortes y la activa implicación en la gestión de los ayuntamientos interesados, se desarrollen todas las medidas relatadas y se haga un seguimiento periódico de las mismas.