Los ayuntamientos de Pradoluengo y Fresneda de la Sierra han anunciado en rueda de prensa que van a presionar a la Junta de Castilla y León hasta que les reponga el médico que les ha quitado en el área de salud de Belorado, desde que el pasado 1 de octubre se jubiló la facultativa que prestaba su servicio en el área de Fresneda. 

Esta circunstancia provoca un aumento importante de la carga asistencial a los dos médicos de Pradoluengo, sobre el que la Gerencia de Sacyl ha dispuesto que recaigan las cartillas afectadas por esta vacante que define como “temporal”, pero para la que no prevé cobertura, y sin tener en cuenta la presión asistencial, puesto que el municipio cuenta con dos residencias de mayores. “Hasta ahora a sus residentes les asistían en la residencia, pero ahora les obligan a desplazarse al centro de salud, y buena parte son asistidos”, explica el alcalde de Pradoluengo, Antonio Araúzo.

Los alcaldes se quejan de la falta de información de la Junta, que ha realizado este recorte “por la puerta de atrás” y lo justifica por el número de cartillas que entiende insuficientes para dotarles de un profesional. Un criterio que no comparten los afectados. Recuerdan que el número de cartillas no se corresponde con el de los habitantes, puesto que muchos fijan su residencia en el pueblo pero mantienen su cartilla en la capital burgalesa “porque tienen la asistencia más garantizada”, como ha señalado Araúzo.

Sospechan los responsables municipales que los argumentos de la Junta son meras “excusas” para llevar a cabo un plan premeditado de reducción de este servicio en los pueblos, porque “otra de las razones que esgrimieron en el Consejo de Salud esta semana fue que no había médicos. Por mi profesión, me ofrecí a buscar uno dispuesto a venir a la zona y me respondieron que, si lo encontraba, lo iban a destinar a otro sitio”, denuncia el alcalde de Pradoluengo.

Este nuevo recorte a la sanidad rural afecta a unos 2.000 habitantes de la comarca, que no están dispuestos a ver mermado el servicio y denuncian que se sienten sumidos en una profunda indefensión puesto que, si la Junta deja la plaza sin cubrir de manera indefinida y, al mismo tiempo tampoco la amortiza, no existe una decisión que puedan recurrir a los tribunales. El alcalde de Pradoluengo  señala que es la misma estrategia que está empleando la administración autonómica en todos los puntos de la provincia en donde se están produciendo recortes médicos. Por eso, anuncia que sumarán fuerzas a los pueblos de comarcas como la Bureba, afectados por esta circunstancia, para hacer presión y combatir esta injusticia.

Los regidores han recordado que el medio rural no goza de los mismos servicios públicos que el urbano, pese a que sus habitantes tengan derecho. Algunos son más asumibles por los ayuntamientos, como ha explicado Araúzo, pero no el de la sanidad. Además, las duras condiciones climatológicas del invierno en la provincia y la edad avanzada de muchos pacientes, dificultan los desplazamientos para recibir asistencia médica. “Nosotros pagamos impuestos como los habitantes de la ciudad, por lo que la Junta tiene la obligación de proporcionarnos una asistencia adecuada”, ha protestado el alcalde de Fresneda de la Sierra Tirón, Luis María Monja.