150.000 personas de Burgos, el 40% de la población de la provincia, serían beneficiaras directas de las mejoras sociales recogidas en el actual planteamiento de los presupuestos generales del Estado para 2019. Así lo han explicado la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, y el portavoz socialista en el Senado y senador por Burgos, Ander Gil.

 

Y es que como ambos han relatado, no es verdad, por ejemplo, que no se pudiera subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o acabar con el copago; un modelo económico distributivo sí era posible, así lo está demostrando el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

 

En cuanto a las pensiones, casi 90.000 familias ya notarían la inyección de ingresos con la revalorización del IPC, eso es lo que supone, ha recalcado Gil, el “fin de la dictadura del 0,25”.

 

No ha dudado el socialista en criticar al líder del PP, Pablo Casado, por ser un “patriota de balcón” y en lanzarle un mensaje: “¿Cuáles son los presupuestos alternativos? ¿Más recortes? ¿Bajada del SMI? ¿De las pensiones? Los españoles agradeceríamos que nos lo explicara”. 

 

En esta línea se ha pronunciado la líder de los socialistas burgaleses, Esther Peña, quien destaca de esta propuesta que su eje de la igualdad e, insiste, estos presupuestos le vienen bien a Burgos. En cuanto a esa subida del salario mínimo, nada menos que será notada por 60.000 burgaleses o la eliminación del copago, de lo que se verán beneficiados nada menos que el 50% de los pensionistas.

 

Si se tiene en cuenta las personas perceptoras del bono social, 26.000, se hace evidente la importancia de estas medidas contenidas en las cuentas o esas 2.000 personas que cuentan con el permiso de paternidad.

 

Por todo ello, aunque el proyecto real de presupuesto no entrará hasta diciembre el planteamiento ya demuestra la ardua dificultad a la hora de que el Partido Popular explique qué no le gusta de estas cuentas.

 

En definitiva, los números persiguen tres retos irrenunciables para los socialistas:  el blindaje del Estado del Bienestar, la recuperaración de la justicia fiscal con un sistema más progresivo y el saneamiento de las cuentas públicas.