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La consejera de Familia elude pronunciarse sobre asumir las residencias de mayores ahora dependientes de Diputación
18/12/2018 FUENTE:
Virginia Jiménez recuerda que su gestión y financiación supone para la Diputación burgalesa el 20% de su presupuesto: 21 millones de euros

La procuradora socialista Virginia Jiménez denuncia que tras preguntar a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, sobre cuándo va a asumir la Junta la gestión y financiación de las residencias de personas mayores ahora dependientes de la Diputación de Burgos, la responsable autonómica ha eludido pronunciarse.

No solo eso, critica la procuradora que en su “intento desesperado” de justificar la situación, “su más que cuestionable reacción ha sido intentar confundir sobre las competencias”. Para la socialista, “el hecho de que se vea obligada a utilizar esta maniobra prueba que es injustificable lo que ahora sucede”.

Jiménez ha lamentado durante su intervención que la actual situación “se traduce en un importantísimo detrimento de las arcas provinciales, cifrado en más de 21 millones de euros anuales, y en la consecuente limitación de los recursos que el organismo provincial debería invertir en cubrir otras necesidades de la población en ámbitos que sí le corresponden”. 

“Sin embargo parecen más atentos a sus compromisos partidistas -es decir, a no importunar a sus compañeros ‘populares’ que gobiernan la Junta- que a sus obligaciones con los burgaleses y burgalesas, a quienes dicen representar”, ha reprochado. 

“Esta actitud que los gobernantes provinciales mantienen respecto a quienes dirigen la administración autonómica es de especial gravedad, dado que Burgos reúne más pueblos -la mayoría con menos de 20.000 habitantes; esto es, dependientes de la Diputación- que ninguna otra provincia española”, ha añadido. 

Igualmente ha reprochado a García que los responsables autonómicos se desentienden de esta obligación, “negándose a constituir las comisiones mixtas para iniciar el proceso de traspaso de ese tipo de servicios a la Administración autonómica; y negándose también a compensar financieramente a diputaciones y municipios del brutal gasto que les supone su mantenimiento”. “Estamos hablando de un 20% del presupuesto de la Diputación”, ha insistido.

La procuradora socialista Virginia Jiménez
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