Se ha rechazado la posibilidad de aprobar 6.000 millones de euros para ser invertidos en aquellos servicios públicos que el gobierno del PP estuvo recortando durante siete años, un dinero que permitiría a muchas personas disfrutar del fin de la crisis; de ellos, 120 hubieran ido a parar a Castilla y León, pero los senadores ‘populares’ por esta Comunidad también se han negado.

El portavoz socialista y senador por Burgos, Ander Gil, aseguraba que “Pablo Casado y Albert Rivera tendrán que explicar, por qué si la UE lo permite y si podemos cumplir con nuestros objetivos en el marco europeo, castigan a los españoles con 6.000 millones de euros menos”, advirtió, al tiempo que se preguntó “por qué si nuestra economía crece y salimos de la crisis, ¿no es posible empezar a revertir los recortes en el Estado del Bienestar?” También hizo un llamamiento a los senadores y senadoras populares para que cuando vuelvan a sus comunidades autónomas y se encuentren con sus vecinos les expliquen “qué es lo que hoy han votado en esta Cámara”.

 

El portavoz del PSOE realizaba estas declaraciones horas antes del debate en el Senado sobre el acuerdo del Gobierno, adoptado en la reunión del Consejo de Ministros del día 7 de diciembre de 2018, por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019.

 

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Ander Gil explicó que los nuevos objetivos de déficit público, un instrumento fundamental que el Gobierno socialista ha negociado “bien” con Europa, serían del 1,8% del PIB frente al 1,3% del Gobierno de Rajoy, lo que permite aumentar el gasto social en 6.000 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2019.

 

Así, hizo hincapié en que los recortes del PP en sanidad, educación, o dependencia podrían empezar a revertirse con inversiones sociales y destacó que unos 2.500 millones de euros estarían destinados a que las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP, financien estos servicios públicos. “Ese es el gran objetivo que el Gobierno trae hoy a esta Cámara”, ha subrayado. “Los socialistas creemos que es una necesidad imperiosa que si Europa nos permite trasladar un mayor margen de flexibilidad a nuestra economía”, debe trasladarse a la economía real a través de “una mejor financiación y reversión de recortes en servicios públicos”. “Ese es el compromiso de los socialistas hoy en el Senado”, remarcó.