El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición no de Ley para su debate, en la que pide instar a la Junta a realziar una campaña de difusión del servicio de Teleasistencía, en los centros públicos de laComunidad, incluidos los centros de salud, consultorios médicos y hospitales, para sumar más usuarios y usuarias al programa.

Con el mismo objetivo, la propuesta reclama la puesta a disposición de un número de teléfono para solicitar el servicio, garantizar su gratuidad para los mayores de 80 años e incrementar las partidas de este programa en los acuerdos marco firmados con las corporaciones locales.

Así lo ha anunciado en Burgos la procuradora socialista Virginia Jiménez, acompañada por la secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad CEP-PSOE Burgos y concejala maría del Mar Arnaiz.

Según ha explicado esta última, en Castilla y León el 23 % de los mayores de 65 años y el 34% de los mayores de 85 años viven solos y en la actualidad contamos con 230.000 octogenarios. El índice DEC sobre Servicios Sociales de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes recogía que la Teleasistencia cubre en Castilla y León al 3,66% de los mayores de 65 años, cuando la media nacional es 5 puntos superior que está en 8,89%, mientras que en Burgos está en el 6,29%.

Así, según Arnaiz, este informe recomendaba al Gobierno autonómico mejorar estos datos porque “llama la atención esta baja cobertura del Servicio de Teleasistencia en una comunidad con una tasa tan alta de envejecimiento y un hábitat tan disperso como es Castilla y León” .En estos momentos disfrutan del servicio de Teleasistencia en nuestra Comunidad más de 23.000 usuarios, de los que en torno a 8.700 son del SAAD.

Según la concejala socialista, comparando el número de usuarios reales con el potencial de usuarios es necesario tomar medidas para ampliar el número de personas que utilizan Teleasistencia. Se trata de prevenir males mayores en caso de enfermedad, caídas, soledad, problemas en la vivienda, emergencias, accidentes domésticos...para actuar lo más rápidamente posible y asegurar su derecho a vivir dignamente en su vivienda habitual.

En la ciudad de Burgos, para 1.063 usuarios que tiene el servicio en la actualidad, el coste total en 2017 fue de 109.000 euros, de los que los usuarios pusuerion 86.000 euros y el Ayuntamiento 8.000, mientras que la Junta puso 16.000 euros, por lo tanto, 16 euros por persona, lo que demuestra, según Arnaiz, "que es uns servicio barato", además de esencial. Y de estas cifras se deduce, además, que, como ha denunciado Jiménez, la Junta no está aportando lo que debe, puesto que la Ley establece que debe financiar el 65% del coste del servicio. De ahí la urgencia de tramitar esta PNL en un año electoral que resta tiempo a esta legislatura para su debate ya aprobación.