El alcalde de Padrones de Bureba, de nuevo candidato, Miguel Ángel García (PSOE), reclama a la dirección de Ciudadanos de Burgos y de Castilla y León que, “por una mínima coherencia con lo que predica”, anule inmediatamente su candidatura por este municipio, encabezada por Pedro María Saiz, quien anteriormente sí fue alcalde, pero por el Partido Popular.

 

Lo hace después de que el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca le haya decretado apertura de juicio oral por, como explica García, presuntamente falsificar su firma y realizar un uso indebido del sello oficial y de la tarjeta de identificación fiscal propiedad del Ayuntamiento.

 

La Fiscalía pide 10 meses de prisión; inhabilitación por el mismo periodo y una multa de seis euros diarios durante ocho meses, y la acusación particular, el PSOE de Padrones, reclama dos años y medio de prisión; nueve meses de multa de seis euros diarios; la indemnización de todos los gastos generados por la operación irregular llevada a cabo y las costas judiciales.

 

Según recogía la denuncia interpuesta por García, el 20 de octubre de 2018 el Consistorio recibió un mensaje de Iberdrola que le informaba de un cambio de titularidad en el suministro eléctrico de un inmueble de propiedad municipal arrendado al exalcalde Pedro María Saiz. Un hecho desconocido por el Ayuntamiento, y que, por tanto, explica, “no había dado autorización alguna para cambio de dicha titularidad”.

 

A partir de entonces, el Ayuntamiento contactó con la compañía, que le confirmó que el cambio de titularidad estaba “sellado y firmado por el alcalde, adjuntado tarjeta de identificación fiscal, así como que dicha solicitud había sido gestionada por el CEAS”.

 

Ante la respuesta de Iberdrola, el regidor contactó con el Centro de Acción Social de Oña, en donde le confirmaron que el Saiz “entregó una documentación firmada y sellada por el Ayuntamiento de Padrones de Bureba”. “Ante la más que evidente sospecha de que podía tratarse de una falsificación de firma del alcalde y de uso indebido del sello y tarjeta de identificación fiscal propiedad del Ayuntamiento, solicitamos la documentación en poder de Iberdrola”, relata García.

 

Cuando la compañía eléctrica remitió la documentación al Consistorio, se comprobó que el sello empleado no es era el actual del Ayuntamiento, sino el anterior.  Por lo que García consideró que esos hechos podían ser constitutivos, entre otras infracciones penales, de delitos de falsificación de documento público.