El procurador Luis Briones ha reclamado hoy que en el colegio Rodríguez de Valcárcel, en Covarrubias, -dependiente de la Junta y que educa a alumnado de Educación Infantil y Primaria- no se produzca ninguna disminución en la ratio de profesorado, dada la situación compleja de los escolares -su edad y situaciones especiales- teniendo en cuenta además que uno de las causas de abandono de las zonas rurales es la desaparición de los centros.

 

Así ha explicado que los objetivos del mencionado colegio son la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades intelectuales; la importancia de la formación de actitudes y de conceptos o la adopción de sistemas no autoritarios que posibilite al alumnado que participe en el propio proceso de aprendizaje.

 

Y es que, como ha relatado el parlamentario, la intención de la Inspección Educativa de la Dirección Provincial de Educación de Burgos es reducir la ratio de profesorado debido al descenso del alumnado (la norma establece que de 45 a 35 alumnos corresponde un número determinado de docentes).

 

“Pero si tenemos en cuenta solo el número de matrículas de alumnos y no sus necesidades educativas especiales o las características del alumnado esta reducción implica no contar con una atención adecuada, lo que supone una peor respuesta educativa”, ha explicado.

“En este centro está escolarizado un cuadro de alumnado con unas necesidades educativas muy marcadas (por ejemplo, TDAH), por lo que de no cumplirse estas peticiones, del claustro de profesores/as y del Consejo Escolar, por parte de la inspección educativa de la Dirección Provincial de Educación en Burgos, la atención que se requiere será muy inferior a las necesidades”, insiste Briones.

Por su parte, la procuradora Virginia ha presentado una proposición  no de ley (PNL), ya registrada en las Cortes, derivada de una moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos en abril -con el voto favorable de toda la corporación- por la que se solicita “algo que consideramos fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestros niños y niñas, como es la instalación de cocina con servicio de comedor dentro del nuevo colegio de educación infantil y primaria de la zona de Villímar”. Los planes de la Junta pasan por contar con el nuevo edificio para el curso 2021-2022.

 

Explica además la procuradora que su formación ha pedido copia de todos los documentos existentes en la Junta relativos a esta nueva construcción, “con el fin de hacer un estudio y seguimiento exhaustivo de todo el proceso”.

 

“No es un capricho del Partido Socialista, sino una demanda por parte de la Federación de Madres y Padres de Alumnado de centros públicos de Burgos, FAMPA BURGOS, de exigir a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la instalación de este servicio”, concreta. 

 

"Sabemos de la importancia de la correcta alimentación y de generar hábitos saludables, principalmente en el período de crecimiento y por lo tanto dicho centro educativo debe contar con cocina dentro de la propia instalación, evitando así el consumo de alimentos cocinados con horas (o incluso días) de antelación que son refrigerados, transportados y posteriormente recalentados hasta el consumo por parte de los menores", ha especificado. 

 

“Creemos que es un derecho que le corresponde a Burgos y al que la Junta no debe negarse, ni debe incumplir con lo acordado, puesto que recibe la cesión de un terreno, en concreto de una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, por parte de esta ciudad, para la creación de este centro, y por lo tanto debe construirse  con todos los servicios y prestaciones necesarias”, relata.