El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha celebrado hoy una reunión telemática con los senadores y senadoras socialistas de la Comisión de Derechos Sociales para analizar la incidencia de la COVID 19 en este sector, que está siendo muy intensa. Por ello, todos los senadores y senadoras han puesto en valor “el esfuerzo titánico del Gobierno de España para hacer frente a la emergencia sanitaria, social y económica”, ya que “está aprobando a un ritmo vertiginoso medidas que no tienen parangón tanto por su naturaleza como por su dimensión”. 

 

En este sentido, la presidenta de la comisión, la senadora por Castellón, Anna Edo, ha asegurado que se trata de “una situación muy compleja de gestionar”, y ha señalado “la importancia de blindar las ayudas sociales. Ahora estamos gestionando la crisis sanitaria como prioridad, pero en el día después, la gestión de la salida de la crisis será, ante todo, social, para no dejar a nadie atrás”. 

 

Esfuerzos del Gobierno para mitigar las consecuencias sociales 

Con respecto a los esfuerzos del Gobierno para mitigar las consecuencias sociales de la pandemia, la portavoz socialista en la comisión, la senadora por Burgos, Mar Arnaiz, ha recordado que “se han puesto todos los recursos necesarios para evitar despidos y mantener rentas con todo tipo de prestaciones, subsidios y exenciones de cuotas que protegen a dos tercios de los desempleados y al 30% de los autónomos”. 

 

La senadora burgalesa ha recordado que el Gobierno ha repartido las siguientes cantidades económicas para luchar contra las consecuencias sociales de la COVID 19: 

 

Unos 300 millones de euros para potenciar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las CCAA, diputaciones provinciales y corporaciones locales para reforzar políticas de atención a familias, a personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales. A Castilla y León han llegado 17.652.000 euros.

 

Se ha garantizado el derecho básico de alimentación de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad con el reparto de 25 millones de euros entre las CCAA, de los que a Castilla y León llegaron 1.768.000 euros. 

 

En materia de vivienda, Arnaiz ha subrayado que se ha protegido a familias y colectivos vulnerables suspendiendo los desahucios por impago del alquiler de la vivienda habitual; renovando automáticamente los contratos de alquiler; con moratorias para el pago del alquiler y de la hipoteca; prohibiendo el corte de suministros de agua, electricidad o gas; y prorrogando y mejorando las condiciones para acogerse al bono social. Por último, la portavoz socialista ha afirmado que “es más necesario que nunca dotarnos de un Ingreso Mínimo Vital que garantice unos ingresos adecuados a colectivos vulnerables. Se trata de erradicar la pobreza extrema y llegar a un millón de hogares, el 50% con menores, lo que supondría actuar sobre tres millones de personas”.