La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, quiere que este Primero de Mayo sirva de recuerdo a las víctimas de la Covid-19 y homenaje a quienes a diario trabajan para combatirla. Al mismo tiempo, envía un mensaje de “optimismo” y llama a la unidad institucional para amortiguar el impacto de la crisis derivada de esta emergencia sanitaria.

 

En ese sentido, apela a la responsabilidad de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Burgos para que desarrollen un plan específico de apoyo a pymes y ayudas complementarias a las que el Gobierno ha puesto en marcha para trabajadores afectados por ERTE y autónomos que han tenido que cesar la actividad por el estado de alarma.

 

Peña encuentra “imprecisión” en los anuncios para paliar la crisis que han realizado el Gobierno autonómico y la Diputación y les insta a “concretarlos y ponerles fecha, como ha hecho ya el propio Ayuntamiento de Burgos, ejemplo de entidad local comprometida para que nadie se quede atrás cuando superemos esta emergencia sanitaria”.

 

La parlamentaria socialista contrasta la apuesta del Ejecutivo ante “esta crisis sin precedentes” por la flexibilidad interna frente a la “destrucción de empleo con la que el PP gestionó la última recesión”. “Lejos del descenso en los niveles de protección desde el 80% al 50% que se produjo con el Gobierno del PP, ahora se reconocen subsidios extraordinarios a empleadas de hogar y trabajadores sin cotización suficiente”, añade.

 

En ese sentido, subraya que “la dimensión de esta crisis, con tantas vertientes, necesita la unidad para superarla y progresar en Burgos, como en el conjunto del país y de Europa”. En su opinión, “quienes apuesten por lo contrario quedarán en mal lugar, puesto que esa posición solo sirve para prolongar el sufrimiento de los más vulnerables”.

 

Destaca, además, que “por primera vez, un Gobierno se ocupa de los autónomos en situación de dificultad” y recuerda que cerca de 8.000 trabajadores por cuenta propia han cobrado ya la prestación extraordinaria por cese de actividad y gozan de exención de cuotas a la Seguridad Social.

 

En cuanto a los empleados afectados por ERTE, que en la provincia de Burgos suman ya un total de 33.434 personas, recuerda que quienes ya tengan reconocida la prestación verán adelantado el cobro al 4 de mayo en lugar del 10, tras la negociación del Gobierno con las entidades financieras, y que los interesados pueden consultar el estado de su expediente en la dirección www.sepe.es.

 

Asimismo, agradece a los funcionarios del Servicio de Empleo Público Estatal el trabajo “intenso” que están realizando en las últimas semanas para el reconocimiento de las prestaciones a los afectados por ERTE, “con picos de hasta 250.000 diarias”. 

 

Esther Peña señala que la Dirección General de Trabajo ha aprobado hoy un criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma. 

 

En el citado documento apunta que “las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor”. También será posible alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada, “que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas”.

La secretaria general del PSOE de Burgos quiere reconocer también a los trabajadores de la provincia su esfuerzo, “porque han sido los primeros en estar en la línea de batalla contra la pandemia”. En el Día Internacional de los Trabajadores, Peña reivindica “que no sea la gente más humilde la que pague las consecuencias de la crisis social y económica que se avecina”.

 

La paralmentaria socialista defiende un nuevo modelo social y económico y una recuperación que garantice los derechos de los trabajadores, “con un escudo social que les proteja y un modelo fiscal que permita blindar el estado del bienestar”.