La procuradora socialista por el PSOE de Burgos Virginia Jiménez achaca al modelo concesional de gestión del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), el retraso de cerca de dos años que acumula la puesta en servicio del PET/TAC que la Junta ordenó adquirir a finales de 2018.

 

En una pregunta oral a la consejera de Sanidad en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, Jiménez se ha interesado por las razones de esta demora y por la fecha definitiva para la entrada en funcionamiento del equipo, que estima que podría tratar a cerca de 5.000 pacientes de la Comunidad.

 

La procuradora recuerda que “desde que el exconsejero de Sanidad Antonio Sáez Aguado declinó hace un año fijar plazos con el pretexto de que se estaba definiendo el alcance de algunas obras con la concesionaria, no hemos vuelto a saber nada”.

 

Según ha señalado, la causa estriba en las diferencias que mantienen la empresa concesionaria del hospital y la Junta de Castilla y León sobre la asunción del coste de la obra para instalar el equipo. 

 

La socialista destaca que la consejera ha admitido en su réplica la complejidad del modelo concesional y las dificultades que está entrañando para adquisición y mantenimiento de equipos del hospital, hasta el punto de que ha explicado que el caso del PET TAC no se dilucidó hasta el pasado febrero. “Casado asegura que la concesionaria afrontará los costes y que espera que la obra esté finalizada para dentro de cuatro o cinco meses y que, a continuación, llegará la instalación del equipo y la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear, pero vamos a permanecer vigilantes”, advierte Jiménez.

 

 “Si ustedes siguen haciendo caso al Partido Popular, que privatizó el HUBU y que, además, es experto en incumplir acuerdos, el hospital no se va a recuperar para la sanidad pública al 100% nunca y esto lo van a seguir pagando con su salud los pacientes”, le ha dicho a la consejera. Insiste en que “si este fuera un centro público en su totalidad, el PET-TAC estaría ya en pleno funcionamiento en la ciudad de Burgos”.

 

Al respecto, la consejera ha reconocido que es evidente que el modelo de gestión del HUBU limita la gestión, es una fórmula de retribución muy compleja, “consume muchos esfuerzos para controlar los costes de tasación, que son muy altos” y provoca una litigiosidad muy elevada.

 

Para Jiménez, el hecho de que Casado admita que cada vez que la Junta pide a la empresa concesionaria del HUBU que haga algo terminen en los tribunales, “evidencia que los socialistas tenemos razón en nuestro rechazo a este modelo privatizador desde el principio”, por lo que urge a la titular de Sanidad a iniciar la reversión, “ya que ella misma ha dicho hoy que está entre sus objetivos”.