El Partido Popular y Ciudadanos, junto a Vox, han apoyado la propuesta de una comisión de trabajo para la creación de una comisión de trabajo que ayude a los ayuntamientos en la gestión de los expedientes de ruinas en sus respectivas localidades. Se han opuesto, sin embargo, a la creación de un servicio de Negociado de Ruinas, pero el proponente, el socialista Antonio Araúzo, ha aceptado suprimir ese punto para avanzar en la búsqueda de soluciones en la citada comisión.

Se trata de una solicitud que obedece a la multitud de casos de abandono de edificios, con el consiguiente riesgo para la seguridad y salubridad de los vecinos, además de la repercusión en el ornato del municipio.

 

Aunque Ciudadanos presentó una proposición en el mismo sentido en 2016, cuando estaba en la oposición, en esta ocasión y ya como socio de gobierno del PP en la Diputación, ahora entiende que el servicio de asesoramiento a municipios de la Institución, Sajuma, ya atiende estas necesidades. La respuesta del diputado provincial socialista no se ha hecho esperar: en  el primer semestre de 2020 Sajuma solo ha elaborado un informe de dictamen pericial de ruina, con lo que  “la ayuda de la Diputación es más bien escasa”, ha señalado.

 

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Suárez, ha reconocido que es un problema que atañe a la Diputación y que, aunque los ayuntamientos afectados pueden encomendar la tramitación de estos expedientes, “yo creo que la Diputación no tiene capacidad de abordarlos”.

 

Sin embargo, el equipo de gobierno provincial y Vox han aceptado solo la parte de la solicitud socialista que atañe a la creación de una comisión de trabajo compuesta por los cuatro grupos políticos de la Institución, que estudie la puesta en marcha de un programa de apoyo a los ayuntamientos afectados.

 

Antonio Araúzo ha recordado que las diputaciones provinciales de Valladolid, Zamora y Palencia han adoptado medidas de respaldo para los consistorios con dificultades en la gestión y tramitación de los expedientes de ruina en sus respectivas localidades con buenos resultados.

 

Sí ha prosperado, sin embargo, la proposición de urgencia del PSOE para instar a la Junta de Castilla y León a realizar la evaluación ambiental de las 14 macrogranjas porcinas en la comarca de Odra-Pisuerga que propone una compañía;  una de ellas en la localidad burgalesa de Cuevas de Amaya, la evaluación  de impacto ambiental.

 

En la proposición que ha aprobado el Pleno, los socialistas recuerdan que la zona de Castrojeriz-Villadiego, con 21 municipios se encuentra dentro del decreto 5/20 del 25 de junio  de la Junta de Castilla y León, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y ganadero, dentro de la Confederación Hidrográfica del Duero.

 

El portavoz del Grupo Provincial Socialista ha aprovechado la ocasión para criticar la demagogia del PP con el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias, (FEMP), y el Gobierno por el que las entidades locales que lo deseen cederían su superávit a Hacienda, con un plazo de devolución a diez años, a cambio de distintas ventajas, para ayudar a los consistorios con problemas de liquidez.

 

“Lo que es inaceptable fue la Ley Montoro, señor Suárez, y ahora les duele que el Gobierno consiga ofrecer una solución”, le ha reprochado Jurado durante el debate de la proposición en contra del acuerdo que ha presentado el PP, al que ha acusado de hacer boicot “con independencia de que el acuerdo sea bueno o no para los ayuntamientos” y de realizar una oposición “corrosiva”, allá donde esté.

 

Entre otros aspectos positivos de este mecanismo, Jurado ha recordado la supresión de la regla de gasto para 2020 y la compensación a los ayuntamientos con transporte público por la caída de ingresos, así como la prórroga de las inversiones financieramente sostenibles.

 

También ha matizado el portavoz socialista al portavoz del Grupo Mixto (Vox) que la institución monárquica no está en peligro, “más allá de las conductas individuales de alguno de sus miembros”, antes de aprobar la proposición que ha registrado Nicasio Gómez en defensa de la Monarquía  y del régimen constitucional del 78. 

 

En el turno de ruegos y preguntas, la diputada provincial socialista Purificación Rueda ha incidido en la denuncia de la procuradora Virginia Jiménez esta semana sobre la falta de apoyo a los colegios para preparar la vuelta a las aulas.

 

La socialista ha preguntado al presidente de la Diputación si contempla destinar una partida extraordinaria para ayudar a los centros del medio rural a la implantación de las medidas necesarias, a lo que César Rico le ha contestado que aún no ha recibido ninguna solicitud de ayuda en ese sentido ni de los consistorios ni de la Dirección Provincial de Educación.