El PSOE ha revelado hoy la existencia de sendos informes que el ya exdirector de gestión del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), Víctor Manuel Calleja trasladó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, en octubre de 2019 y febrero de 2020, respectivamente. 

 

En estos documentos,  Calleja señalaba la existencia de irregularidades y sobrecostes en el contrato y el modelo concesional del complejo asistencial burgalés, pero los destinatarios de sendos documentos “no hicieron nada”, sino ocultar esta información, según ha asegurado en rueda de prensa el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca.

 

De hecho, el citado funcionario, al que el Gobierno autonómico del PP puso al frente de la gestión del HUBU a finales de 2018, fue cesado en marzo de 2020, poco después de remitir los citados informes que el PSOECyL ha solicitado en las Cortes de Castilla y León, aunque solo ha recibido, de momento, el dirigido a Mitadiel.

 

Según ha revelado Tudanca, en el escrito que Calleja envió al gerente regional de Salud, describe aspectos de extrema “gravedad” que coinciden con las cuestiones que el PSOE ha denunciado en la última década sobre el HUBU. 

 

Entre otras cosas, el informe dice que la administración ha actuado con incoherencia y falta de transparencia, que la adjudicación de este proyecto recayó en una propuesta manifiestamente inviable y que se produjo una perversión en el sistema de concurrencia, “que se ajustó descalificando a los que se ajustaron a los criterios exigidos y adjudicando a favor de quien los incumplía”.

 

El redactor añade que la oferta contemplaba cero euros en reposición de equipos de alta tecnología; “de ahí que hoy los burgaleses sigan sin algunos equipos absolutamente imprescindibles como los destinados a tratamientos oncológicos”, como ha dicho Tudanca. Y afirma que, de prosperar las tesis de la concesionaria, quedaría absolutamente demolida la política de inversiones que pretende la Administración  y situaría el hospital en un horizonte de penuria tecnolíogica. 

 

Señala también que hay un compromiso documental de la concesionaria por el que se compromete a invertir 25 millones de euros en equipamientos e inversiones que ni ha sido cumplido ni ha sido exigido por el Gobierno autonómico. También dice que los citerios por los que inicialmente se aprueba la modificación del proyecto son totalmente contravenidos por las empresas y que la Administración asume los costes por estos modificados y por las demoras en la finalización de la obra sin haber formulado ninguna reclamación o reparo sobre el proyecto inicial de la concesionaria, el cual termina siendo de tal modificación que resulta irreconocible.

 

Se pregunta el redactor del informe cómo pasó los filtros y controles el modificado de construcción ya que se tramitó por parte de la Junta sin conocer siquiera cuánto iba a costar. La verdadera naturaleza de los modificados afirma, en esencia, constituyó una especie de rescate preventivo de la concesión a costa de la administración; “es decir, de todos los castellanos y leoneses”, apunta Tudanca, para hacer viable una oferta con carencias flagrantes y que, por manifiestamente inviable, debió ser rechazada o, alternativanmente, ser exigida en los términos en los estrictos términos en los que fue aceptada.

 

“No hay plan de inversiones, hay una litigiosidad, demoras y una dific ultad muy gravosa para las arcas públicas en equipamientos y la forma que el hospital revertirá al Sacyl será con unas instalaciones y equipos anticuados, obsoletos y al final de su vida útil”, según ha destacado del informe el secretario general del PSOECyL.

 

Tudanca ha advertido, tras analizar el documento, que si la Junta no revierte este modelo concesional a la mayor brevedad posible, cuando expire, en el año 2036 “habremos pagado 2.000 millones de euros a las empresas privadas y heredaremos un hospital antiguo e inútil”.

 

Por ello, el líder de los socialistas de Castilla y León, urge a PP y Ciudadanos, que gobiernan la Comunidad, a cumplir con el compromiso de inicio de reversión que fecharon para el presente mandato y les pide que hagan públicos los informes sobre el coste de reversión del HUBU que dice, “tienen sobre la mesa”. Según ha asegurado, sería inferior al precio final que pagarán las arcas públicas de Castilla y León de completar la actual concesión hasta el final.

 

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, quien espera que tras hacerse público este nuevo escándalo sobre el HUBUel presidente de la Junta y el gerente del Sacyl dimitan.

 

Durante su comparecencia, ha recordado que el canon anual que la Junta paga a la concesionaria del HUBU ha crecido desde los 38 millones de euros del principio hasta los 82 y que el precio del complejo ha pasado de 1.000 millones de euros a los 1.667 que ya se acumulan tras cuatro “falsos modificados” del proyecto de construcción. 

 

“Nadie con dos dedos de frente permitiría que una administración no tenga control sobre el mayor contrato más importante que tiene en sus manos”, como es el caso, según ha dicho, para recalcar que, “la única vía posible es la reversión”.

 

Sostiene Peña que este contrato es un auténtico “pozo sin fondo”, que está mermando inversiones necesarias en sanidad en la Comunidad y en la provincia y retrasando infraestructuas necesarias como el nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero. Pero también habla de consecuencias para la salud de los pacientes por la mala gestión de PP y Ciudadanos y este modelo concesional. Entre otros ejemplos, cita la reciente externalización de las resonancias magnéticas o el esperado PET/TAC  para pacientes oncológicos en el HUBU.

 

"El contrato del Hospital de Burgos es oscuro y está plagado de sospechas", ha dicho y ha recordado que no ha sido ni su construcción fue más rápida ni es más barato, como prometió la Junta al optar por este modelo concesional.l

 

En la comparecencia ha intervenido también el procurador socialista Luis Briones, quien concluye que la documentación que Calleja envía a Mitadiel evidencia que todo el contrato de adjudiación de este hospital estaba “viciado” desde el inicio y entiende que esta situación “tarde o temprano tendrá recorrido penal”. En ese sentido, como ha coincidido Tudanca, el PSOE no cejará en su empeño de devolver este hospital a la sanidad pública al 100% y para ello, no descarta acudir a todas las vías posibles, incluida la judicial.