La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, acusa a PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición la Junta de Castilla y León, de abandonar a las cerca de 18.000 personas afectadas de manera directa e indirecta por el cierre de la hostelería en Burgos, según estima el sector.

 

Ambas formaciones votaron esta tarde en el Pleno de las Cortes de Castilla y León en contra del plan de apoyo de la hostelería, el comercio minorista y deportivo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en una moción y que recogía, entre otros, ayudas directas al sector por importe de 40 millones de euros.

 

Peña lamenta el rechazo a esta moción, “que era una oportunidad para que la Junta haga algo por los miles de trabajadores que dependen de la hostelería, el comercio y el sector del deporte ” porque “no son culpables de lo que está pasando”. En ese sentido, denuncia que Castilla y León es “la única comunidad donde la Administración autonómica no ha puesto ni un euro para apoyar a la hostelería”.

 

En su opinión, el Partido Popular y Ciudadanos han abandonado a estos trabajadores, “a los que deben una explicación, porque hoy podían haber hecho algo por ellos, pero han dejado pasar la oportunidad”. 

 

La parlamentaria socialista insiste en que los hosteleros, con quienes el PSOE de Castilla y León había consensuado esta proposición, “no necesitan más financiación, sino ayudas directas”.

En concreto, el PSOE pedía el apoyo para que la Junta de Castilla y León pusiera en marcha de manera inmediata una convocatoria de subvenciones directas, por importe de 40 millones de euros, para sufragar gastos de mantenimiento de sus centros.

 

Del mismo modo, instaba a la aprobación de un Decreto Ley que contemplara medidas de ayuda para aligerar la carga del pago del alquiler de los locales.

 

El Plan de Choque que han tumbado PP y Ciudadanos también establecía la figura de un cheque resistencia para microempresas de menos de diez trabajadores, de entre 150 y 300 euros semanales, así como una línea de ayudas para asociaciones profesionales y el establecimiento de un canal de comunicación directa con los representantes del sector. Estas dos formacionestampoco votaron a favor de los puntos que instaban al Gobierno de España a agilizar los trámites de los ERTES o la ampliación de los periodos de carencia de los créditos ICO, entre otros.