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Peña critica que los presupuestos de la Junta olvidan la protección a los afectados por la crisis por la covid-19
01/12/2020 FUENTE: Atribuye el aumento de los PGC 2021 a la inversión directa de 1.400 millones del Gobierno a la Comunidad, por lo que entiende que PP y Cs deberían refrendar los PGE
La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, critica el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, (PGC) para 2021 porque olvidan la protección social y económica frente a la pandemia por la covid-19, mientras siguen aumentando el beneficio de las empresas privadas.
 
En una comparecencia junto a procuradores socialistas por la provincia ha subrayado que las cuentas de la Junta “no son las que necesitan los burgaleses para salir de esta pandemia” y ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado, “quintuplican” el esfuerzo que las cuentas autonómicas del PP y Cs al frente de Castilla y León para esta provincia. Entre otros ejemplos, se ha referido al aumento del 75% de inversiones en Sanidad que contempla el Estado frente al 22% de la Junta o el incremento del 70% en el proyecto de presupuestos estatal en servicios sociales frente al 12% de aumento que prevén las cuentas autonómicas, “aunque la administración competente es la Junta”, ha subrayado.
 
Con estos datos, Peña entiende que PP y Ciudadanos deberían apoyar los PGE 2021 y les recuerda que su proyecto de presupuestos crece gracias a los 1.400 millones que destina el Gobierno central a la Comunidad, por lo que “nadie entendería que votaran en contra de ese aumento en el Congreso”, ha subrayado.
 
La también diputada nacional ha lamentado que en las cuentas que ha presentado el Gobierno autonómico para 2021 no hay “ni rastro de protección para los afectados por la crisis, ni ayudas para autónomos y trabajadores en ERTRE, ni para abrir los consultorios locales, ni aumentar partidas en personal sanitario”.
 
Entre abril y octubre de 202, según ha dicho, Burgos ha recibido 76 millones de euros del Gobierno central para “nóminas de ERTE en la provincia”. La Junta de Castilla y León, sin embargo, siete meses después de prometer un complemento a esas ayudas para quienes cobren menos de 1.000 euros mensuales “ha dejado a tres de cada cuatro solicitantes con una mano delante y otra detrás”, ha dicho y ha recalcado que aún “no sabemos cuándo lo van a recibir”.
 
Se refiere así a la reciente resolución de la convocatoria autonómica, cuyo criterio de reparto ha sido “conceder el complemento al primero de la fila, no al que cumpla todos los requisitos”, de manera que 5.000 burgaleses se han quedado sin ayuda “porque PP y Ciudadanos han decidido dar la espalda a quienes peor lo están pasando”, ha insistido.
 
El canon del HUBU sigue engordando

“Ningún burgalés tiene asegurada la protección con las cuentas que ha presentado la Junta para los meses que nos quedan por delante”, ha subrayado y ha explicado que “un documento como éste es una cuestión de prioridades y, mientras para trabajadores, autónomos o sanidad no hay, sí hay para algunos”.
 
En ese punto ha censurado el “máximo histórico” que prevé el Gobierno autonómico para el canon que paga anualmente a las empresas concesionarias del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), hasta los 85 millones anuales. Una cifra que ha engordado desde los 38 millones de 2011 y que, algunos, como el portavoz en Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas, Jesús Puente, ya vaticinan que será aún mayor de lo previsto a causa de la covid-19 y los gastos derivados.
 
Peña se ha referido a este canon como “el agujero negro que se come todas las inversiones de nuestra provincia en materia sanitaria”, por un contrato que nació “plagado de irregularidades”, sobre el que el HUBU “no tiene ningún control” y que asegura más de un 7% de rentabilidad a la concesionaria “mientras tiene que externalizar servicios como las resonancias magnéticas”, ha censurado.
 
La parlamentaria socialista recuerda que “ya hemos pagado 710 millones de euros” de este hospital privatizado, que nos dijeron que iba a costar 1.000 millones. Pero quedan todavía 16 años de concesión, por lo que calcula que el precio final rondará los 2.000 millones. “Mientras, seguimos sufriendo listas de espera interminables en sanidad, consultorios médicos del medio rural cerrados y una situación agónica de los profesionales sanitarios a los que se les desprecia con el decretazo de la Junta que merma sus condiciones laborales en el peor momento de la pandemia”, ha declarado.
 
Al respecto del HUBU, el procurador socialista Luis Briones ha añadido que el proyecto de presupuestos del PP y Ciudadanos para Castilla y León no contempla ninguna partida concreta en 2021 para la reversión del modelo de concesión del HUBU, aunque su estudio figuraba en el pacto de gobernabilidad que sellaron estas dos formaciones en la Comunidad, en donde el PSOE ganó las elecciones. Una promesa que repitieron hace un año, pero que sigue sin materializarse.

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