El Grupo Socialista entiende que la Diputación “no puede cerrar los ojos y esconder la cabeza” ante los problemas que están denunciando las representantes de las trabajadoras de la empresa con la que tiene contratado el servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia.

 

El diputado Ignacio Grajal ha pedido hoy en rueda de prensa a la institución provincial que exija a la adjudicataria el cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones con el que resultó adjudicataria.

 

Y hace esta petición a raíz de las quejas de las representantes de las 350 trabajadoras que atienden a los 1.800 usuarios de este servicio, que han protestado por la falta de formación específica ante la actual pandemia y por la escasez de medios de autoprotección para desempeñar sus funciones con seguridad.

 

“Queremos exigir a la Diputación que tome cartas en este asunto, en particular, en algunos aspectos, puesto que, hasta ahora, ha alegado que existe un contrato que regula la prestación del servicio y que los problemas manifestados por las 350 trabajadoras son problemas internos de la empresa, pero hay aspectos que entendemos que esta administración debería resolver”, ha dicho.

 

“Aunque en el tema salarial no debería entrar, sería conveniente que inste a la empresa a que se alcance un acuerdo con las trabajadoras y que el servicio, que es esencial, se preste en buenas condiciones”, ha añadido.

 

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Acción Social, Antonio Araúzo, ha pedido al equipo de gobierno de la Diputación agilidad en la tramitación del nuevo contrato, puesto que el actual ha caducado y se encuentra en situación de prórroga. 

 

Recuerda, asimismo, que este es el contrato de mayor volumen económico de la Diputación- el actual, de 4,4 millones y el nuevo será de 6 millones anuales- y que, debido a su cuantía, debe publicarse la licitación en el boletín europeo, lo que retrasa “bastante” su puesta en marcha.

 

“Es un servicio sumamente importante para los pueblos porque contribuye de modo significativo a fijar población para evitar que la gente que lo necesita se tenga que desplazar de la localidad por no tener asistencia”, ha subrayado, por lo que opina que merece la pena que la Diputación vele por unas condiciones que doten de seguridad al servicio y a las trabajadoras.