La procuradora socialista por Burgos Noelia Frutos ha revelado que el 80,6 % de las personas fallecidas por covid en la provincia desde el pasado 14 de marzo hasta la actualidad eran usuarias de residencias de mayores. Suponen un total de 436, entre las que fallecieron por la infección como causa directa y quienes mostraron síntomas y el PSOE no se rinde ante la falta de transparencia de la Junta sobre la gestión de estos centros durante la pandemia, para poder mejorar la respuesta y atención a sus usuarios de cara a posibles eventualidades.

 

Para Frutos, se trata de “unos datos muy dolorosos que PP y Ciudadanos se niegan a investigar”, tras rechazar en las Cortes de Castilla y León la petición del PSOECyL de convocar una comisión de investigación. “Con estos datos tan alarmantes, desde el PSOE de Burgos nos preguntamos a quién están protegiendo realmente, porque a las personas más vulnerables parece que no”.

 

“Podemos afirmar que las personas más vulnerables en esta pandemia no están siendo protegidas por el gobierno de la Junta de Castilla y León y, además PP y Cs ponen todos los palos posibles en las ruedas para que la ciudadanía no disponga de toda la información para poder analizar lo ocurrido en la primera ola de la pandemia y detectar los errores, que los hubo y muchos, para evitar que en esta segunda ola se produzca lo que por desgracia se dio”.

 

En una comparecencia conjunta con la coordinadora del área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, la procuradora por Burgos se ha referido a los últimos casos preocupantes conocidos en la provincia, como el brote de la residencia de San Salvador de Oña, de la Diputación- 8 residentes infectados-  y uno de los más preocupantes, el del Centro Ocupacional El Cid, dependiente de la Junta, en el que resultaron infectados 43 residentes y 19 trabajadores. “Es por ello que hemos solicitado toda la información pertinente”, ha explicado Frutos.

 

Asimismo, la procuradora socialista ha expresado su preocupación ante la ausencia de compromiso de la consejera de Familia, Isabel Blanco, de aumentar las unidades de convalecencia, ante el posible cierre inminente del hospital San Juan de Dios en la capital burgalesa y la incidencia que tendría en el ámbito de los cuidados paliativos.

 

Para Frutos, la respuesta a la pregunta que le planteó en comisión no ofrece ninguna garantía, puesto que se limitó a decir que la Junta estudiará si es necesario el aumento de las unidades de convalecencia en caso de que ese centro cese su actividad, “cumpliendo los acuerdos del diálogo social”. “Veremos lo que vale su palabra, aunque si ponemos en la balanza la palabra dada de la Junta y su grado de cumplimiento, no sale bien parada”, sentencia.

 

Por su parte, la procuradora Noelia Rubio ha insistido en que es vergonzoso que Europa investigue la situación en las residencias y que PP y Cs lo eviten en las Cortes de Castilla y León. Se refiere así a la denuncia de la plataforma de usuarios de residencias que trasladó la denuncia  y que ha sido aceptada a trámite y se va a investigar.

 

Tras reunirse esta mañana con representantes de las trabajadoras de las residencias de mayores de la provincia y responsables del PSOE de Burgos, Rubio ha recordado situaciones “escalofriantes” acaecidas en este tipo de centros en la Comunidad durante la pandemia, así como la “orden” que, desde la Gerencia de Salud y Servicios Sociales recomendaba "no trasladar a los enfermos" desde las residencias a los centros hospitalarios "al menos durante un periodo de tiempo". 

 

Ha insistido en que, además del PSOE, también el Procurador del Común ha puesto el foco en esta situación, con un informe “demoledor” que evidencia cómo se denegó a las residencias el traslado a urgencias de los mayores y se les negó el traslado a los hospitales o situaciones dramáticas en algunos centros.

 

Por eso, ha subrayado que el Partido Socialista no cejará en su empeño de conocer lo ocurrido, pese a los intentos del equipo de PP y Ciudadanos de ocultarlo, con su informe del pasado septiembre, que “llegó tarde y mal” sobre lo acaecido en las residencias y los planes de contingencia y que ahora se cierra en banda a abrir una investigación para poder corregir errores y mejorar la respuesta.

 

A los responsables del PP y Ciudadanos les ha dicho que "vamos a conocer la verdad" y "utilizaremos todos los medios a nuestra alcance", además de seguir trabajando con colectivos afectados y agentes sindicales. En esa línea, ha confiado en que la nueva Ley de Residencias de Castilla y León, sea más ambiciosa y moderna y avance hacia una ley integral de cuidados de larga duración.