La senadora socialista por Burgos Mar Arnaiz asegura que el Ingreso Mínimo Vital, (IMV),que ha puesto en marcha el Gobierno que preside Pedro Sánchez protege a más personas en la provincia que la Renta Garantizada de Ciudadanía, (RGC), de la Junta de Castilla y León.

 

La parlamentaria ha querido salir al paso de las críticas que hoy han vertido los diputados nacionales del PP Sandra Moneo y Jaime Mateu, a quienes acusa de haber ofrecido información “sesgada” y les advierte de que, “si quieren proteger a quienes más lo necesitan, deben mirar a la Junta de Castilla y León, porque el Gobierno sí ha hecho sus deberes”.

 

En esa línea, apunta que “en solo seis meses del IMV, en la provincia de Burgos hay 1.935 personas beneficiadas, frente a las cerca de 3.000 que obtuvieron la RGC de la Junta, en diez años, hasta la entrada en vigor de esta nueva ayuda estatal”.

 

Según ha detallado, a fecha de 16 de diciembre de 2020, se habían recibido 5.085 expedientes de IMV de la provincia, de los que 4.734 fueron válidos y hay 351 duplicados. “Si tenemos en cuenta los expedientes válidos, un 81% han sido tramitados, un porcentaje alto, con 3.845, de los que se han resuelto 3.161, el 82%”, explica. La senadora sostiene que, “en la actualidad, hay aprobados 691 expedientes, 2.470 denegados y 684 pendientes de subsanación”. 

 

“Ahora mismo, con datos de diciembre de 2020, son 1.935 los burgaleses beneficiados por esta prestación, de los que 1.005 son adultos y 930 son menores de edad, una cantidad muy superior en seis meses a los resultados de una década de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta”, asegura.

 

La parlamentaria socialista destaca, además, la vocación del Gobierno de “seguir trabajando para evitar que nadie se quede atrás” y enmarca dentro de ese objetivo la flexibilización de los requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital que ha aprobado el Consejo de Ministros esta semana. “El Real Decreto incluye medidas para facilitar el aceso al IMV a personas vulnerables, a personas sin hogar y a personas que se agrupan en una misma vivienda”, explica.

 

Así, apunta, “se posibilita que, en situaciones de convivencia complejas, la acreditación de la unidad de convivencia pueda ser certificada por los servicios sociales, entidades colaboradoras del IMV y el tercer sector”.