La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, ha destacado el esfuerzo inversor que están realizando el Gobierno de Pedro Sánchez y los ayuntamientos de la provincia en protección del empleo durante la pandemia, frente a la desidia de la Junta de Castilla y León, la “administración competente” y, precisamente, la que está sometiendo a la “orfandad” a miles de afectados por los ERTE. En el caso de Burgos, cerca de 5.000, que se quedaron sin recibir el complemento del Ejecutivo autonómico. Un complemento que, como ha avanzado, no prevé  prorrogar la Administración autonómica.

 

Tras una reunión de trabajo con los responsables provinciales de los sindicatos UGHT y CCOO, Pablo Dionisio Fraile y Ángel Citores, y la senadora Mar Arnaiz, la también diputada socialista ha realizado un balance del alcance en la provincia de las medidas que han adoptado las distintas administraciones para amortiguar las consecuencias de la covid-19 en el empleo. Así, ha destacado que “el 80% de las ayudas que se están recibiendo para trabajadores y autónomos las destina el Gobierno de Pedro Sánchez, el 15% las están trabajando los ayuntamientos y el 5% restante, la Junta de Castilla y León”.

 

Y, ante esta circunstancia, peña destaca el silencio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el del PP de Burgos y de la Diputación,César Rico,  que no se han pronunciado siquiera sobre la ausencia de su formación a nivel estatal en los cuatro acuerdos del Diálogo Social para la protección de los ciudadanos de este país. 

 

Peña ha agradecido el esfuerzo de los alcaldes de la provincia y ha destacado que, mientras que consistorios como el de Medina de Pomar destina 400.000 euros de su presupuesto en ayudas al sector de la hostelería, y el de Briviesca 300.000 euros para hosteleros y comercio, la Diputación ha abierto una convocatoria de ayudas de 350.000 euros para bares y restaurantes de la provincia. “La Diputación no ha hecho nada por nadie en los 368 municipios de su competencia, más allá de una operación de estética de poner el apellido covid a las medias de carácter ordinario que vienen de serie”, ha criticado.

 

En su repaso  ha subrayado también que los ERTE del Gobierno “han salvado miles de empleos y cientos de empresas” y han demostrado ser “un instrumento muy valioso para evitar despidos masivos”, al tiempo que ha garantizado que se trata de “un mecanismo de hibernación que continuará mientras sea necesario”. "¿Es suficiente?", se ha preguntado, para responder que la cifra es cuantitativamente “extraordinaria” para mantener una situación difícil, y anunciar que el Gobierno aprobará próximamente un nuevo fondo de 11.000 millones de euros para "nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos" del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.

 

Según ha señalado, un 83% de los trabajadores inscritos en un ERTE ya han recuperado sus empleos y “solo Países Bajos ha conseguido recuperar más empleo suspendido que España”.  En el caso de la provincia de Burgos, “desde el inicio de la pandemia, el 87% de los trabajadores se han incorporado al mercado laboral”. Recuerda que llegaron a ser 24.200 personas a fecha de 30 de abril y destaca que las nuevas restricciones han hecho que el número de trabajadores en ERTE en el último mes se sitúe en 4.690 personas, 1.609 más que en septiembre.

 

La parlamentaria socialista ha incidido en que, con las medidas de protección del empleo del Ejecutivo de Sánchez, en diciembre 13.694 trabajadores burgaleses percibieron algún tipo de ayuda de protección social, de ERTE o desempleo, por un importe de 15,77 millones de euros.  El gasto acumulado en prestaciones sociales desde abril ha supuesto 207 millones de euros, de los que 81 millones fueron  en ERTE, 113,3 millones más que el año pasado.

 

En cuanto a los trabajadores autónomos, ha destacado lo “inédito” de las ayudas que han percibido en diferentes modalidades compatibles con la actividad, cese o  limitación temporal de actividad o por bajos ingresos: 14.500.  

 

Durante el pasado mes de enero, 3.406 autónomos recibieron algún tipo de prestación del Gobierno, tanto compatibles con la actividad, como por cese o limitación de la actividad, o por bajos ingresos, lo que supone el 87,0% de las solicitadas. Además, los avales ICO se sustanciaron en 7.124 operaciones que afectan a 4.369 empresas, con un importe avalado de 577 millones de euros. Y, entre otras novedades, 1.935 burgaleses han recibido ya la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

 

Además, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue involucrado en la protección del empleo, la Junta de Castilla y León, del PP y Ciudadanos, sigue sin ofrecer una respuesta solvente. Según Peña, resulta “sangrante” que en el complemento de hasta 250 euros que prometió para los ERTES  se desestimaran tres de cada cuatro solicitudes por haberse presentado con posterioridad al agotamiento de crédito. “Es una política sinvergüenza, cuando tienes 231 millones de euros de superávit; no puede ser que tengas dinero y no te lo gastes en quien más lo necesita”, ha dicho.

 

Asimismo, ha preguntado por el destino de los 355 millones de euros que el Gobierno ha traspasado a la Junta para ayudas al empleo. Ha recordado que Castilla y León recibió 1.000 millones de euros y “queremos saber qué ha hecho con ese dinero, porque en los bolsillos de quienes más lo necesitan no están  “ha, dicho y ha apostillado que “están dando limosnas”.

 

Por su parte, la senadora por Burgos Mar Arnaiz, ha valorado el nuevo complemento de las pensiones para reducir la brecha de género, asociado a la acreditación de un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo o hija. “Los datos avalan que este perjuicio lo sufren de forma abrumadora las mujeres, y es una de las principales causas de la brecha de género en la pensión”, asevera.

Con este nuevo complemento, el Gobierno quiere sustituir el suplemento introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015, aprobada por el Gobierno del PP, y que fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE.

La senadora celebra el beneficio que supondrá que el pasado 2 de febrero el Consejo de Ministros aprobara  una batería de medidas para la reducción de la brecha de género y otras en materia de Seguridad Social y económicas, que se formalizaron en el Real Decreto – Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.