La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, ha exigido a la Junta de Castilla y León la retirada del nuevo Plan sectorial de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Junta de Castilla y León. Recuerda que este nuevo plan no ha sido consensuado con nadie, además de “no estar dotado económicamente con los fondos necesarios”.  

Tras la reunión mantenida con los representantes de los municipios afectados por el cierre de 8 parques de bomberos voluntarios, Peña ha subrayado que esta nueva acción de la Junta es el último golpe al sector rural “quitándoles otro servicio esencial, que además funciona de forma adecuada”.

Sostiene Peña que el texto llega “14 años tarde”, ya que no cumple con las previsones de la ley 4/2007 de Protención Ciudadana de Castilla y León. En ella se articula que en su primer año de vigencia debía estar aprobado el plan sectorial, por ello ha remarcado que el Partido Popular llega “tarde, mal y nunca”.

El Consejo Consultivo también emitió un documento contrario al plan en febrero de 2020. En él se refleja que el texto carece de una evaluación del impacto económico y presupuestario, al no reflejarse las posibilidades presupuestarias del mismo, llevando a este órgano a calificar el plan de “inoperativo”. También ha destacado Peña, que el Consejo reflejó que no se especifica el modo o criterios de selección de los parques de bomberos que permanecen abiertos o cerrados.  

Este nuevo plan tampoco cumple con dos sentencias judiciales que se produjeron en febrero y abril de 2020, donde se articula a los bomberos como agentes de autoridad.

El portavoz socialista de la Diputacion de Burgos, David Jurado, presente durante la reunión, ha afirmado que desde el grupo provincial y desde los ayuntaminetos afectados se va a buscar un “pronunciamiento explícito” de la Diputación Provincial de Burgos sobre el cierre de los parques de bomberos. “Buscamos deliberadamente el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos en estas mociones, porque de nada sirven declaraciones desmintiendo a la Junta si no se materializan con un voto”, ha concluido Jurado.

Exclusión financiera del medio rural

Por último, el secretario de Política Municipal, Javier Lezcano, ha explicado la moción que se presentará en el pleno del próximo viernes en la Diputación con motivo de la exclusión finaciera del medio rural.

La propuesta  consiste en la instalación de cajeros automáticos en los cuatro bibliobuses que prestan servicio en la provincia. Lezcano ha resaltado que esta misma iniciativa ya se está llevando a cabo en las provincias de Salamanca y Zamora.

El cierre de oficinas bancarias está haciendo especial mella en los núcleos de población más pequeños y, en la actualidad, de los 345 municipios de menos de 1.000 habitantes, apenas una treintena dispone de oficina bancaria de manera permanente y la mayoría no escapa al riesgo de clausura.

En los últimos 14 años se han cerrado cerca de 250 sucursales bancarias en toda la provincia, incluida la capital, pero la mayor pérdida se ha producido en el ámbito rural.