Los procuradores socialiasta por Burgos en las Cortes de Castilla y León, Luis Briones, Virgina Jiménez y Noelia Frutos han destacado que gracias a la perdida de la mayoría parlamentaria de PP y Ciudadanos en las Cortes tras la moción de censura, “la sociedad burgalesas podrá conocer lo que de verdad sucedió en los centros residenciales de nuestra provincia durante los meses más duros de la pandemia”.

La Comisión de Investigaciónos propuesta por el partido socialista en las Cortes hará que “los afectados por la gestión de las residencias conozcan de primera mano y con la mayor seriedad y rigor todo lo acontecido con los mayores de nuestra tierra. Esta comisión se la debemos a las familias”, ha subrayado los procuradores. 

Los datos de fallecidos en las residencias en Burgos “son estremecedores”. Briones ha cifrado, según datos oficiales, en 1.833 los fallecidos en Burgos en los centros residenciales de los cuáles se 475 fueron por covid o síntomas compatibles con la enfermedad, situándose así en la cuarta provincia con más defunciones de Castilla y León. “Los burgaleses necesitan saber los protocólos que se siguieron con sus mayores, cuántos se derivaron al hospital o el número de denuncias que existieron por parte de los familiares por el abandono a sus mayores”.

Según los procuradores socialistas, Ciudadanos y PP “quieren ocultar lo sucedido, pero ahora no lo van a poder impedir”. Briones ha querido resaltar que Ciudadanos venía “a limpiar las instituciones y a tirar de la manta y se ha quedado de cómplice del PP. A Igea y a Mañueco no les preocupa lo sucedido en las residencias, porque si fuera así en vez de hablar de la redución de los impuestos a los más ricos, se dedicarían a resolver los problemas como el convenio con San Juan de Dios o de dotar de presupuesto al Divino Valles”. 

Por su parte, Frutos ha destacado que el PSOE de Castilla y León firmó, en junio del 2020, un acuerdo de reconstrucción donde se incluía en el punto 3 la elaboración de un informe por parte de la Consejeria de Familias e Igualdad de Oportunidades sobre los efectos de la covid-19 en los centros residenciales de la comunidad. El objetivo de aquel informe “era conocer que había sucedido para evitar que volviera a suceder. Pero el documento que se presentó a la prensa, tres meses después de la firma del pacto, no aportó ninguna luz a lo sucedido. Al igual que la posterior comparecencia de la consejera María Isabel Blanco”. 

Por último, los procuradores ha subrayado la necesidad de conocer los datos de las residencias privadas, “sobretodo las que tienen ánimo de lucro y están gestionadas por grandes grupos empresariales”. En Castilla y León existen en la actualidad 1214 centros de carácter residencial, de los que solo 25 estan gestinados por la Junta. “El gobierno regional se ha negado a dar esa información basándose en mentiras como la protección del buen nombre y la imagen de la empresa privada que gestina el centro, es decir primando el interés particular de una empresa al interés general”. El procurador del común ya ha emitido cuatro resoluciones “avalando el interés público de los datos  refetectes a los centros residenciales con carácter privado por su efecto en la pandemia del covid-19”.

La semana pasada se registró en las Cortes de Castilla y León una pregunta, para ser contestada por escrito, sobre la problemática de varios centros de día de la provincia, como Briviesca y Belorado, en los que no se está vacunando a sus usuarios. “En otras provincias como Palencia y Soria ya están vacunados en su totalidad, queremos saber que sucede y porque existen tantas diferencias entre unas provincias y otras con respecto a estos centros”, ha apuntado Jiménez.              

Frutos también quisó resaltar que este viernes “por fin” se debatirá a la Comisión de Sanidad la PNL, registrada el pasado 16 de marzo por el PSOE de Castilla y León, para la vacunancion de los ciudadores de grandes dependientes. “Es algo totalmente esencial y esperemos que todos los partidos políticos estén a la altura y aprueben esta PNL”.