El Pleno de la Diputación Provincial ha rechazado, con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, la proposición que ha presentado el Grupo Provincial Socialista para instar a la Junta a no condicionar el destino de las subvenciones del Fondo Extraordinario del Pacto para la Recuperación, a los municipios de menos de 1.000 habitantes. Un voto negativo al que se ha sumado el Grupo Mixto, (Vox), lo que supone, según el viceportavoz socialista en la Institución, Javier Lezcano, “una puñalada” a los ayuntamientos de la provincia.

 

“¿A ustedes no les llaman los alcaldes para decirles que querían realizar actuaciones que no encajan con estas condiciones? porque a nosotros sí”, ha dicho a los portavoces del PP y Ciudadanos, Borja Suárez y Eduardo Munguía.

 

La propuesta que han tumbado pedía, además, que la Diputación asumiera el coste de los carteles publicitarios de cartelería, a través de la Central de Contratación, ya que se establece que deben instalar los ayuntamientos para promocionar que la Junta financia las actuaciones.

 

Sin embargo, aunque Ciudadanos ha admitido que la convocatoria podría haberse mejorado, se ha escudado en que ya está finalizada y en que adquirir la cartelería a través de la Central de Contratación de la Diputación alargaría el proceso, aspecto del que Lezcano discrepa.

 

“El debate no tiene mayor interés”, ha sentenciado Munguía, que ha coincidido con el portavoz del PP, Borja Suárez, en restar importancia al coste de la publicidad de la Junta para los ayuntamientos y a que las ayudas estén condicionadas a determinadas actuaciones, aunque Suárez sí fue beligerante en pedir al Gobierno que no condicionara el destino de los remanentes de los ayuntamientos, cosa que el Ejecutivo no ha hecho, como ha recordado Lezcano.

 

Por lo tanto, el equipo de Gobierno de la Diputación ratifica las medidas de la Junta, que obliga a los ayuntamientos a definir actuaciones que, en el actual contexto, pueden no corresponderse con sus prioridades. Sin embargo, la Comunidad Autónoma les obliga a buscar un encaje a estas acciones si no quieren perder la subvención.

 

La medida afecta a 345 municipios, de los que 170 tienen menos de 100 habitantes y las cuantías de estas ayudas, según el viceportavoz socialista en la Diputación, Javier Lezcano, son “exiguas”, de unos 5.000 euros para las entidades con menos de un centenar de vecinos. Según ha dicho, la convocatoria ha recibido cerca de 240 solicitudes.

 

Además, el portavoz socialista, David Jurado, ha criticado que la Diputación ha traído hoy el cuarto expediente de modificación de créditos, lo que evidencia su falta de previsión a la hora de elaborar las cuentas de 2021, como ya le advirtió el PSOE al equipo de Gobierno. “Es curioso, además, que tengan que suplementar ahora con un millón de euros el presupuesto para acondicionamiento y mejora de la red de carreteras”, ha dicho al PP y a Cs. También ha cuestionado que la Diputación deba aportar 250.000 euros a la UNED, partida incluida en esta modificación.

 

En este punto, ha pedido al presidente, César Rico, que espere a realizar la aportación a la reunión del consorcio para la gestión de la entidad y le ha recordado que otras instituciones ya aprobaron en el anterior mandato ir reduciendo de manera progresiva su aportación a esta Universidad, para que sea el Gobierno quien vaya asumiendo los costes.

 

Y, sobre la gestión del equipo de gobierno, Jurado también le ha afeado que hoy haya sometido a aprobación, por tercera vez, el expediente relativo a la aprobación de la encomienda de gestión a la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, para la implantación de una red de calefacción centralizada con biomasa en el complejo de Fuentes Blancas. Una tramitación “desastrosa”, ha dicho.

 

Sobre las proposiciones que han presentado el Grupo Mixto, en contra del cobro por el uso de vías de alta capacidad y la conjunta del PP y Cs sobre los indultos a los presos del Procés, Jurado se ha negado a convertir el órgano de gobierno provincial en el Congreso de los Diputados y ha afeado a las formaciones de la derecha que sometan a debate de un pleno provincial asuntos nacionales para tapar sus carencias de gestión.