La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición no de ley del PSOE sobre el Expediente de Regulación de Empleo que ha anunciado Caixabank, para instar al Gobierno “a que impulse la asunción por el sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración”.

 

La diputada por Burgos y portavoz socialista de Trabajo, Esther Peña, que ha defendido la iniciativa, espera que su aprobación sirva para minimizar los efectos de la reorganización de la entidad en la provincia, en donde se prevé la salida de 34 trabajadores y el cierre de al menos la tercera parte de sus 120 oficinas, según le han trasladado los representantes sindicales en una reunión previa. 

 

“Es cierto que, a raíz de la intervención del Gobierno, que invitó al banco a repensar su plan de reducción, éste ha suavizado los recortes en 500 personas en el ámbito nacional, un 6% menos de lo previsto inicialmente, y ha anunciado la elaboración de un plan de recolocación y acompañamiento para los afectados”, ha dicho, aunque admite que la magnitud del ERE aconseja una mayor acción del Ejecutivo.

 

La proposición que ha aprobado el Congreso recoge que los compromisos de la entidad deberán cubrir cuestiones como la minimización del impacto negativo sobre el empleo, el fomento de la flexibilidad interna como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus empleados y la recolocación de aquellos cuyo puesto de trabajo vaya a desaparecer. 

 

El texto añade la necesidad de animar a la entidad a incorporar variables relativas a las condiciones de sus trabajadores y a la calidad del servicio a los clientes en las propuestas de retribución variable de los directivos, así como la adopción de medidas para evitar la exclusión financiera.