La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, asegura que el descenso del paro que se ha registrado en la provincia en el último año, de 1.330 personas con respecto a julio de 2020, y de 530 en el último mes “demuestra la eficacia de la protección social del Gobierno”.

 

La parlamentaria socialista celebra esta caída del desempleo en casi todos los sectores de actividad y grupos de edad y destaca la importancia del escudo social del Ejecutivo central, basado en medidas como la prestación contributiva por ERTE derivado de la covid-19, con 4.770 personas con derecho a su percepción en la provincia, frente a los 23.345 del mismo mes en 2020. 

 

A esta protección se suman los 11.193 beneficiarios de prestaciones por desempleo y, aunque Peña entiende que los datos del paro “nos acercan paso a paso a la recuperación”, subraya que detrás de los mismos hay, sin embargo, “familias y personas por las que no nos detendremos en el empeño de garantizar empleo de calidad y proyectos vitales con futuro y estabilidad, un objetivo irrenunciable”.

 

En ese sentido, anima a la Junta de Castilla y León a sumarse al esfuerzo que está realizando el Gobierno desde el inicio de la pandemia para blindar el empleo y garantizar una salida de la crisis “lo más rápida posible”. 

 

Peña recuerda que “los fondos europeos para la recuperación constituyen una de las principales esperanzas para nuestros pueblos y pide al Gobierno autonómico, que gestionará el 55% de los 10.500 millones de euros que llegarán en 2021, que actúe con diligencia para evitar que se malogren los proyectos de los ayuntamientos de la provincia.

 

“La Junta ya ha recibido 138 millones de euros para políticas de empleo y todavía no ha sacado las convocatorias para mejorar el empleo y crear puestos de trabajo en nuestra Comunidad, por lo que exigimos que lo haga ya”, añade.

 

“La reactivación de nuestro territorio pasa también por combatir la despoblación, un objetivo que los alcaldes y alcaldesas entienden y por el que trabajan, a diferencia del Gobierno autonómico que, con sus políticas de recortes en servicios esenciales como la sanidad, va en la dirección contraria”, concluye.