La secretaria general del PSOE de Burgos y portavoz de Trabajo en el Congreso, Esther Peña, preguntó hoy a quién defiende el PP con su voto en contra a la reforma laboral, “la primera gran reforma consensuada a tres partes, entre Gobierno, patronal y sindicatos”.

 

En su opinión, con su rechazo, el Partido Popular no satisface ni las necesidades de los trabajadores ni las de los empresarios, por lo que hizo un llamamiento al apoyo de todas las fuerzas políticas a la convalidación de este acuerdo el próximo 3 de febrero en el Congreso de los Diputados. 

 

Peña, que mantuvo una reunión de trabajo, junto al portavoz socialista de la Cámara Baja en Burgos, Héctor Gómez, con los responsables provinciales de UGT, Pablo Dionisio Fraile y CCOO, Juan Núñez, valoró este séptimo acuerdo del diálogo social, que continúa la senda que marcó el presidente Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura con las medidas de carácter laboral “que están beneficiando a los trabajadores y trabajadoras”.

 

Entre otras, señaló la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que evitó que 25.000 burgaleses y burgalesas pudieran ser despedidos por coger la baja por coronavirus o la derogación del artículo 315 del Código Penal.

 

“Por primera vez, se firma un acuerdo que crea derechos y que hace que el despido sea la última opción”, subrayó,  y, como Gómez, confió en que el próximo 3 de febrero se aprobará esta reforma, con lo que no se romperá el consenso del diálogo social en el Congreso. En ese sentido, Gómez avanzó que el PSOE está trabajando en alcanzar los apoyos a este acuerdo en todo el arco parlamentario, mientras que Peña expresó la sorpresa de los socialistas por la postura del PP.

 

“Llueve sobre mojado. El Gobierno ha puesto todo de su parte con los ERTE, que se modernizarán con esta reforma, y que han beneficiado a 35.200 burgaleses, aunque el Partido Popular no apoyó que lo recibieran, como hizo con las ayudas extraordinarias a los autónomos, que llegaron a 12.000 personas en la provincia y con la subida del Salario Mínimo Interprofesional que llegó a 29.600 trabajadores en Burgos”, declaró, en una comparecencia posterior a la reunión.

 

Frente al compromiso del Gobierno con el empleo de calidad y la recuperación,  señaló la ineficacia de la Junta de Castilla y León, “que ha dejado abandonados a su suerte a tres de cada cuatro trabajadores en ERTE, a los que no les llegó el complemento”. Pero también porque la Administración autonómica “no ha destinado ni un euro a repartir ayudas a los autónomos” durante la crisis por la covid-19, sino que ha devuelto más de 40 millones de euros que le asignó el Gobierno para este cometido “porque no ha sabido gestionarlos y hacerlos llegar a los autónomos de la Comunidad”.

 

Aprovechando la visita a Burgos del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, le invitó a que explique por qué su partido va a votar en contra de la reforma laboral, “dejando en la estacada a trabajadores, jóvenes y a todas las familias que quieren mejorar su calidad de vida y que van a tener un instrumento en este nuevo marco “.

 

Asimismo, le pidió que ofreciera su opinión sobre los seis millones de euros que la Junta de Castilla y León acaba de pagar a dos empresas “amigas” a las que contrató “a dedo” para la realización de los cribados masivos en la Comunidad, lo que supone, según calculó, un precio de unos 30 euros por cada test de antígenos, cuando el propio García Egea pedía al Gobierno recientemente que regulara su precio, algo que ya ha hecho.

 

Al encuentro con los representantes sindicales asistieron además, el diputado Agustín Zamarrón, y las procuradoras socialistas Virginia Jiménez y Noelia Frutos.