La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, ha lamentado “la triste efeméride que significan los primeros seis meses del gobierno más vago que ha tenido la Junta de Castilla y León en toda su historia”, en alusión al Ejecutivo autonómico integrado por el PP y Vox, “un gobierno que ha convertido a esta tierra, discreta y moderada, en vergüenza nacional y que ha paralizado absolutamente todas las líneas de actuación”, ha considerado. 

 

En su opinión, esta situación es “de la máxima irresponsabilidad, cuando hemos conocido que Castilla y León es Comunidad con más inflación de toda España, con 10 puntos; la que tiene el tercer  peor dato de España de confianza empresarial y donde se han  perdido 1.600 empresas en los últimos meses”. Paradójicamente, se trata, según Peña, de los meses en los que la Comunidad Autónoma  “ha recogido del Gobierno de España más dinero que nunca, con 1.816 millones de los fondos Covid, 2.196 millones procedentes de fondos europeos, y recibirá 1.646 millones más procedentes de la financiación autonómica tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023”.

 

“Son fondos que no se están gestionando bien, porque este gobierno holgazán de la Junta de Castilla y León ha sido capaz incluso de devolver partidas enteras de ayudas para autónomos, como sucedió hace unos meses, devolviendo el 45% al Gobierno por ser incapaces de ejecutarlo y  hacer que llegara a los autónomos y pymes que lo necesitaban”, ha explicado.

 

 

Por eso, la secretaria general del PSOE de Burgos asegura que los socialistas, “por responsabilidad”, han presentado una iniciativa concreta para su debate en el Pleno de las Cortes de Castilla y León esta semana, “que se centra en lo que más preocupa a los burgaleses ahora mismo, en todo lo que tiene que ver con las ayudas energéticas, con incentivos fiscales y con la atención de los servicios públicos”.

 

En primer lugar, el PSOE de Castilla y León pedirá, en la citada proposición no de Ley, la creación de un fondo de 400 millones de euros para ayudas energéticas que se trasladarán de manera directa para compensar el incremento de la electricidad y de la calefacción y que permitan “mejorar sensiblemente la situación económica que van a atravesar muchas familias y pequeños empresarios en nuestra provincia”, como ha dicho Peña. Según estima, esta medida beneficiará directamente a 25.000 pymes burgalesas, a 27.000 autónomos y a 150.000 hogares de manera directa. 

 

“Es una medida que se tiene que unir a la última tarifa que ha puesto en marcha el Gobierno de España, la Tarifa de Último Recurso de gas natural para comunidades de vecinos con calderas comunitarias para reducir los elevados precios del mercado energético, que supondrá un ahorro del 50% en la factura de gas en todas las comunidades de la provincia con calderas comunitarias”, ha añadido, para señalar que  “la Junta tiene que mover pieza también”.

 

Una segunda línea que recoge esta iniciativa tiene que ver con la puesta en marcha de un verdadero plan de incentivos fiscales a la actividad económica, el acceso a los servicios y a la creación de empleo en el medio rural. “En nuestra proposición exigimos modificaciones fiscales que ya están funcionando en comunidades autónomas como la de Castilla – La Mancha. Se trata de bonificaciones fiscales a personas físicas cuya residencia habitual esté en zonas rurales, adquisición o rehabilitación de vivienda habitual o autónomos y empresas que establezcan o mantengan  inversiones en el medio rural”, ha declarado Peña.

 

La tercera petición de esta proposición se refiere a los servicios públicos. “Para que haya buenos servicios públicos, tiene que haber buenas retribuciones para los empleados públicos y nuestra Comunidad Autónoma está por la cola”, ha dicho Peña. “Somos los que peor pagamos a los docentes y a los profesionales de la sanidad. Por eso se nos van, no es que no haya, es que nadie quiere venir aquí con la absoluta vergüenza de carrera profesional que se les ofrece”, ha aseverado.

 

Por tanto, “como hay dinero, gracias a los fondos que pone en marcha el Gobierno”, sostiene, el PSOE pide, un incremento adicional de las retribuciones de los empleados públicos, en especial, del profesorado, 4.000 docentes en la provincia y 3.946 sanitarios, que “merecen un incremento de su retribuciones para ponerles en línea con el resto de comunidades autónomas, tras Tras tantos años de palos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco”.