El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León pedirá la comparecencia de la consejera de Familia, Isabel Blanco, para que explique la situación de las residencias de mayores de la Comunidad, a raíz de los cuatro expedientes sancionadores- dos en Burgos- por infracciones muy graves que ha abierto la Junta.

 

El procurador socialista Luis Briones ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que exigirá también información con datos provincializados de todas las actas de inspección que la Administración autonómica ha abierto en estos centros, para conocer todos los casos. “El BOCYL del pasado 7 de noviembre publicaba estas sanciones muy graves, pero queremos conocer las graves también y en qué han consistido”, ha subrayado, al tiempo que ha abogado por conseguir “una buena ley de residencias” en la Comunidad.

 

El socialista ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia conjunta con la procuradora Noelia Frutos y el diputado provincial Ignacio Grajal, en la que han denunciado que la Junta está haciendo caja con el aumento de la financiación que el Gobierno le ha concedido para políticas de dependencia, ya que, lejos de redundar en una mejora de la atención, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que menos gasto está haciendo por persona.

 

Frutos ha denunciado que el Gobierno autonómico se está ahorrando 7,4 millones de euros que debería estar destinando a la dependencia y ha pedido a la ciudadanía que no se deje engañar por las cifras triunfalistas del PP, puesto que en sus estadísticas dan por atendidas a personas con dependencia con prestaciones de hasta 18 euros mensuales, cuando el Gobierno ha establecido, con la oposición del PP, un mínimo de 100 euros mensuales para los de grado I, de 150 para los del II y de 200 para los del grado III.

 

La socialista ha anunciado también que ha registrado una batería de preguntas en las Cortes para conocer la situación real de la atención a la dependencia en la Comunidad y el dinero que está destinando a la provincia la Junta en esta materia. Entre otras cosas, pregunta  cuál es el motivo por el que no se dan entrada a nuevos usuarios en algunas residencias públicas o con plazas concertadas en la provincia de Burgos.

 

En ese último punto, el diputado provincial socialista Ignacio Grajal ha criticado que mantener los cinco centros residenciales que gestiona la Diputación de Burgos le supone un coste de 18 millones de euros, por la infrafinanciación de la Junta en materia de servicios sociales. Los socialistas desconfían de las declaraciones del presidente de la Institución provincial, Borja Suárez, quien dijo que pedirá más dinero a la Administración autonómica para las residencias y los servicios sociales ya que, el PP ha votado en contra de esa exigencia cuando los socialistas la han trasladado a las Cortes de Castilla y León. No obstante, Briones ha anunciado que insistirán.