El Grupo Provincial Socialista urge a la Diputación a aprobar una modificación presupuestaria que permita inyectar el dinero necesario al Servicio de Ayuda a Domicilio para eliminar la lista de espera que acumula, de cerca de 200 personas, en un plazo máximo de dos meses. 

 

El próximo Pleno de la Institución provincial debatirá una proposición del PSOE en la que pide agilizar las altas de usuarios e instar a la Junta de Castilla y León a revisar el acuerdo Marco de Servicios Sociales para garantizar el abono a la Diputación del 90% establecido en la normativa autonómica, así como al resto de prestaciones que realiza la Diputación y, en particular, el coste de las residencias.

 

La iniciativa la han presentado la portavoz socialista en esta administración, Nuria Barrio, y el diputado provincial Ignacio Grajal, quien ha advertido al PP de que recortar este servicio puede redundar en una importante pérdida poblacional en el medio rural. Según ha explicado, la Diputación ha congelado las nuevas altas a personas que tienen la ayuda reconocida, por razones económicas, ya que el Partido Popular, según afirma, alega que no se puede rebasar el techo presupuestario; o lo que es lo mismo, “que no hay dinero”.

 

Sin embargo, para Barrio, atender la demanda de Ayuda a Domicilio no es una cuestión económica, sino de voluntad política y, “si el Partido Popular tuviera voluntad política, podría suplementar la partida presupuestaria que tiene actualmente en el presupuesto con una modificación presupuestaria”. De hecho, según Grajal, en realidad, el servicio le cuesta a la Diputación cerca de un millón de euros, puesto que “está financiado, no al 90% como establece la norma, pero sí a más del 80% por la Junta de Castilla y León; es decir, la Junta de Castilla y León paga más de 4.800.000 euros, pero, además, los usuarios también pagan y este año se superará el millón de euros”. 

 

Así, el Presupuesto de 2024 de la Diputación recoge una  partida de 6.416.800 euros para este servicio, que es inferior al gasto que generó en el año 2023, de casi 7 millones. ¿Qué indica esta previsión presupuestaria? Indica que no hay voluntad de seguir prestándolo para nuevos usuarios, según Grajal, lo que, en su opinión, podría vaciar los pueblos.

 

“La población de nuestros pueblos envejece, las personas mayores son cada vez más y, por tanto, debería haberse presupuestado una cantidad superior, creciente en los diferentes años”, señala. Recuerda que así lo hizo inicialmente el equipo de gobierno a la hora de preparar la licitación del nuevo contrato pendiente de adjudicación, con unos estudios iniciales que contemplaban que “el número de horas que se iba a prestar era cada vez mayor”. Sin embargo, al final “sólo han sacado en el contrato las horas que hay y una ligera disminución”.

 

Destaca que la mayor parte de las 400 personas que atienden el servicio son mujeres, el “pilar fundamental en la lucha contra la despoblación” y que cuenta con 1.700 usuarios, lo que contribuye a fijar población en el medio rural. “En verano es uno de los problemas que tenemos, que hay muchos mayores que van en verano de forma temporal y, si no les prestamos este servicio a estas personas, en algún caso, no sabemos cuántos, evidentemente, se puede producir que no vayan a los pueblos porque no cuentan con ese servicio”, insiste, al tiempo que matiza que esto se traduce en una disminución de la actividad económica.

 

Por ello, los socialistas consideran que “si no apostamos por este contrato, no estaremos apostando por el futuro de nuestros pueblos”.