El portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, acusó hoy en Burgos al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de abandonar deliberadamente las torres de vigilancia de incendios forestales de la Comunidad para privatizar el servicio.

 

En una comparecencia de prensa junto al procurador Jesús Puente, la portavoz socialista en la Diputación, Nuria Barrio, y el diputado provincial Ildefonso Sanz, cifró en 14 –de las 29 que hay- las instalaciones que en la provincia están sufriendo esta situación, ya que la Junta de Castilla y León no las dota de personal para su funcionamiento; entre ellas, la de Santo Domingo de Silos, a pesar del incendio forestal que sufrió la comarca del Arlanza en 2022.  Esto supondría la supresión de 30 plazas de agentes forestales en la provincia.

 

Vázquez desmintió también al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuando afirma que no va a desmantelar ninguna torre: “Miente porque, efectivamente, no va a desmantelar las torres, se están cayendo las torres”, matizó.

 

En su opinión, “la estrategia es clara” y es la privatización del servicio de extinción de incendios forestales;  “es decir , que convertir la custodia del territorio, la protección de la gente de Castilla y de León, la protección de nuestro patrimonio medioambiental en negocio sigue siendo el objetivo de este gobierno presidido por Mañueco”, aseveró, al tiempo que lo contrapuso con las actuaciones de otros gobiernos autonómicos como los de Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía, que implementan las torres, las dotan y equipan al personal. “Los vigilantes están dotados hasta de tabletas para una mayor y mejor prestación del servicio, para unas mejores condiciones”, subrayó.

 

Sin embargo, en Castilla y León, la Junta quiere instalar una red de cámaras antiincendios en espacios forestales, “seguramente a través de operadores que controlarán nuestro territorio desde las grandes ciudades”.

 

“Tras los incendios de La Culebra y los episodios del año 2022 dramáticos, no solamente por la ruina acaecida, sino por la muerte ocasionada con vecinos de nuestra Castilla y de nuestra León, uno de ellos, un bombero forestal, no ha habido propósito de enmienda”, lamentó. Asimismo, denunció que no se está cumpliendo el acuerdo de septiembre de 2022 y destacó, como incumplimientos “flagrantes” que el Infocal de 1999 siga sin estar actualizado y que el decreto guardias siga sin ser una realidad, cuando es “la columna vertebral del operativo”.

 

Denunció, además, que las RPT de estos vigilantes tendrían que tener desde el año 2023 el contrato de 12 meses y consolidados en el año 2025 los 12 meses y no es así. “De las 176 torres en pie en nuestra Comunidad, no hay ni uno solo con un contrato estable según la RPT de 12 meses vinculado a la administración”, destacó.

 

En la misma línea, censuró que en Castilla y León “la Junta y las diputaciones provinciales llevan más de 37 años  incumpliendo la Ley de bases de Régimen Local y, en el caso de la Administración autonómica, además, la Ley de protección Ciudadana”.

 

Se refirió así a la situación que expuso la portavoz socialista en la Diputación, Nuria Barrio, quien lamentó que Burgos esté a la cola en cuanto a la profesionalización de los parques de bomberos, con 19 integrados por voluntarios, pese a las reiteradas promesas del equipo de gobierno del Partido Popular de avanzar en la constitución de un consorcio provincial.

 

Barrio señaló que “llevamos más de un año esperando a las conclusiones de un estudio que han encargado” y que, mientras que otras diputaciones de Castilla y León como las de Segovia (40), León (25) y Palencia (con 13) han convocado ya plazas de bomberos en su plantilla, en Burgos “seguimos pendientes de la RPT que iba a incorporar a 8, pero todavía no se han convocado”.

 

Vázquez advirtió del  “riesgo al que están sometiendo las diputaciones provinciales en Castilla y en León y la Junta de Castilla y León al medio rural” por la ausencia de parques profesionales. “Tienen que ser funcionarios, por eso solo pueden ser bomberos, por eso es injusto, además de ilegal, el riesgo al que están sometiendo las diputaciones provinciales en Castilla y en León y la Junta de Castilla y León a la hora de no tener la red de parques provinciales dispersas por nuestro medio rural”, recalcó.

 

Vázquez insistió en que no puede retrasarse más la extensión de la red de parques de bomberos en el medio rural para evitar riesgos a los alcaldes y a los vecinos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, “porque esos vecinos y vecinas voluntarios, que son complementarios pero no sustitutivos de los bomberos, se arriesgan sus vidas también. Y también nuestros alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes arriesgan su seguridad, su seguridad jurídica, asumiendo responsabilidades que les trascienden, por la negligente gestión que las diputaciones provinciales están haciendo”. 

 

Así, concluyó que “no podemos seguir siendo condescendientes, porque la desgraciada emergencia   climática va a exigir cada vez más la presencia de nuestros bomberos en las emergencias.