El PSOE de Burgos sospecha que el coste de funcionamiento de los servicios no sanitarios del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), está muy por encima del que genera el resto de hospitales públicos de gran tamaño de la Comunidad por el modelo de concesión de obra pública que el PP eligió de manera unilateral para su construcción. Por eso, quiere que sea el Consejo de Cuentas de Castilla y León el que aclare cuánto costaría al erario público el rescate de la concesión del centro para que sea totalmente público.

 

Así lo explicó hoy el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes autonómicas, Jesús Puente, quien cree que la inversión del fin del contrato podría amortizarse en un período de entre dos y tres años. Se basa para hacer estos cálculos en un estudio comparativo de los gastos de funcionamiento no sanitario de los grandes hospitales públicos de Castilla y León entre los años 2013 y 2017, que los cifró en 435, mientras que en ese mismo período, sólo el del HUBU fue de 400 millones de euros. En todo caso, quiere que sea el Consejo de Cuentas “el que nos quite o nos dé la razón”.

 

Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de modificación al Plan Anual de Fiscalizaciones para el presente ejercicio, que plantea la necesidad de incluir un informe acerca de la necesidad de iniciar los trámites necesarios para alcanzar la reversión plena de la concesión del Hospital Universitario de Burgos, y el rescate de su gestión, a la Junta de Castilla y León.

 

Con esta iniciativa que los socialistas han planteado para la Comisión de Hacienda pretenden esclarecer de forma definitiva cuánto costaría la reversión,  ya que en el último informe de fiscalización del HUBU por parte del Consejo de Cuentas, la Junta adujo que no encontraba argumentos jurídicos que le permitieran exigir a la UTE concesionaria de los servicios externalizados del hospital que desglosara y detallara el canon anual que cobra, que se ha elevado de los 38 iniciales de 2011 hasta los 85 de la actualidad.

 

En ese sentido, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, censuró la “opacidad” en torno a la decisión de adoptar esta fórmula de gestión, a espaldas de la ciudadanía, así como el dinero público que cuesta. Por eso, en una rueda de prensa junto a Puente y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, expresó la honda preocupación del PSOE por las consecuencias del modelo concesional del HUBU y ha preguntó qué interés tiene el PP para defenderlo “contra viento y marea”, cuando hasta Ciudadanos y Vox lo han cuestionado cuando estaban fuera del Gobierno autonómico.

 

Según Peña, el modelo concesional no cubre las necesidades de la ciudad y de la provincia y ha sido “una auténtico fraude” para los intereses de los burgaleses y las burgalesas, ya que, además de que no ha supuesto mejoras significativas en las listas de espera, está lastrando numerosas inversiones sanitarias necesarias en la provincia, como el ascensor que el PP ha rechazado para el centro de salud de Espinosa de los Monteros. De hecho, subrayó que en las memorias justificativas de la Gerencia de Atención Especializada de Burgos cuando externaliza pruebas diagnósticas, “firma la insuficiencia de medios materiales para atender la demanda”. Así, por los datos que ha podido recabar el PSOE, sólo en 2024, el HUBU externalizó pruebas e intervenciones por más de 8 millones de euros.

 

Dadas las circunstancias, Peña matiza que los socialistas burgaleses anteponen el interés general al privado y recuerda que “siempre nos opusimos a este modelo”, que supondrá que frente a los 238 millones que la Junta dijo que iba a costar, acabará superando los 2.000 millones cuando se finalice la concesión, en el año 2036, de no revertirse.

 

Y es que los litigios entre la concesionaria y la Junta son continuos, como explicó Puente: Alrededor de una treintena sólo hasta 2020, con sentencias judiciales recientes, de 2024, que reflejan esta conflictividad, por razones como la mejora de la Unidad de Microbiología, por 264.000 euros, la adquisición de equipos relacionados con las salas de telepresencia o por el acondicionamiento y adaptación de espacio para vestuario de personal femenino, un litigio por 5.900 euros que cuesta la dirección de obra y 95.000 para hacer la reforma. “Y cada vez que Sacyl necesita ampliar espacios o tecnología, hay que ir a los juzgados y el tribunal suele obligar a la concesionaria a hacer frente a estos costes y qué curioso, el canon sube”.

 

 

También el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, defendió la necesidad de conocer el coste exacto de la reversión y confió en el apoyo de los grupos a la iniciativa socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, ya que considera que el coste de este modelo concesional está lastrando inversiones tan necesarias y esperadas en la ciudad como la construcción del nuevo centro de salud García Lorca, ya que el original alcanza “37 años de provisionalidad”, o incluso la ampliación de plazas públicas o concertadas para mayores.

 

En clave local, recordó que la financiación del vial de comunicación pendiente entre el HUBU y el hospital Divino Valles corresponde a la Junta, como recoge el segundo modificado del proyecto del Hospital Universitario, que preveía  450.000 euros y otros 70.000 para otra conexión con la avenida de Cantabria, y como asumió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en una reunión que mantuvo con él en 2020.

 

“Él mismo admitió que era el Gobierno autonómico el que debía asumir la inversión y así se comprometió”, recordó, por lo que pidió a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que le exija a Mañueco que cumpla ese compromiso ahora que se plantean retomar la ejecución de ese vial con motivo de la próxima implantación del Grado de Medicina en el hospital Divino Valles.