El secretario de Sanidad del PSOECyL y portavoz socialista de esta materia en las Cortes autonómicas, Jesús Puente, urge al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el reinicio del proyecto de ley de incentivos para las plazas de difícil cobertura, como solución a zonas especialmente tensionadas en la provincia, como el área de salud de Roa.

 

Según ha dicho hoy en rueda de prensa, el ámbito rural tiene un importante déficit de especialistas. “Conocen ya nuestra denuncia constante de que la plantilla de nuestros centros de salud está siendo cubierta en más de un 90% con médicos con la especialidad en espera de ser reconocida, y con un contrato desempeñando en situación de dudosa legalidad. Estaremos vigilantes y exigiremos al consejero que estas plazas de fidelización vayan corrigiendo esta situación y que las plazas en el medio rural y también ahora en el urbano sean ocupadas con médicos con la especialidad exigida”, ha declarado.

 

El también procurador socialista por Burgos ha hecho estas declaraciones al hilo del reciente anuncio de Vázquez de la convocatoria de 2025 del Programa de Fidelización y Cobertura Asistencial para Residentes del Sacyl, “de la que no tenemos muchos detalles y que todavía no se ha publicado”, aunque prevé que beneficiará, en especial, a Aranda de Duero y a Miranda de Ebro, aquejadas de una importante carencia de especialistas.

 

Según ha indicado, en Atención Primaria, Burgos sería la provincia a la que más plazas le corresponderían, con 40 de un total de 211. Y la novedad, “que crea mucha expectación”, es que se ofrecerán 70 específicamente para Atención Primaria en el medio rural, de las cuales 15 son para la provincia burgalesa. 

 

En todo caso, Puente reincide en que este plan de fidelización “deja al descubierto la necesidad imperiosa de que se reanude el trámite parlamentario en las Cortes de la Ley de Incentivos para Plazas de Difícil Cobertura”, para evitar la improvisación.

Asimismo, el portavoz del PSOECyL en Sanidad ha denunciado la “pésima gestión” de los recursos humanos de Sacyl, entre otras cosas, por las peonadas y la notable cantidad de conciertos con la sanidad privada. Pero también por casos como el de las enfermeras de obstetricia que no pueden optar a puestos para los que están especializadas “y luego escuchamos al consejero decir que no conseguimos cubrir las plazas necesarias de matronas; esto no es tolerable”. 

"También es una pésima gestión de recursos humanos que tengamos decenas de enfermeras especialistas en la familiar y comunitaria y que no tengan después la opción preferente de ocupar plazas en la Gerencia de Atención Primaria. Necesitamos ya una bolsa específica”, ha apremiado.

El socialista atribuye a las medidas del Gobierno el hecho de que, por primera vez en cuatro años, se hayan cubierto todas las plazas MIR ofertadas en la provincia y lo aplaude por su necesidad, ya que “la lista de espera en Atención Primaria es muy elevada, con más de 15 días en muchas zonas básicas de salud, fundamentalmente urbanas”. Así, contrapone la gestión del Ejecutivo central con la estrategia de la Junta y del consejero de Sanidad, de seguir concertando la actividad diagnóstica, terapéutica y principalmente quirúrgica con la privada. Sumado a las peonadas, puede provocar, según Puente, cierta relajación del turno de mañana y que se aumente el traslado de especialistas del sistema público a la actividad privada, por lo que insiste en la necesidad de aumentar las plantillas hospitalarias y redistribuir el trabajo con turnos de mañana y tarde ordinarios en Sacyl.

En este punto, ha reiterado su petición al consejero para que “renuncie a seguir desangrando al sector público a través de conciertos y peonadas y que comience ya a invertir en la pública de tal manera que cree turnos ordinarios de mañana y tarde en el SACYL y que lo que invierte para la privada lo retorne a la pública antes de que el sistema termine fracasando”.

Y hablando del Hospital Universitario de Burgos, ha dado a conocer una reciente respuesta de la Junta de Castilla y León a una pregunta escrita del Grupo Socialista en las Cortes que revela que sólo en 2023 los servicios jurídicos de la Delegación Territorial en Valladolid tuvieron que realizar hasta 22 asistencias por litigios con la concesionaria y que ninguno de los fallos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado las alegaciones de esta última. Pero lo que sí ha hecho, según Puente, es retrasar la inversión y la adquisición de equipos fundamentales para el funcionamiento del HUBU, lo que evidencia, una vez más, el “fracaso” de su modelo de gestión por el sistema de concesión de obra pública.