El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una proposición no de ley en las Cortes autonómicas para instar a la Junta a aprobar, en el plazo máximo de seis meses, un Plan Especial de Industrialización y Competitividad de Burgos 2027-2032, “dotado con una financiación suficiente con reflejo en los próximos presupuestos, para promover la captación de inversiones industriales, la modernización del tejido productivo y la creación de empleo de alto valor añadido”, según ha indicado la secretaria general del PSOE de Burgos Esther Peña.

 

La también parlamentaria nacional considera que “Burgos está perdiendo la oportunidad por culpa del Partido Popular” con su desidia en la Junta, a la que el PSOE pide un proyecto industrial priotitario ñpara la ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar, (Villalonquéjar V), de cara, sobre todo, a reforzar el compromiso de promoción y financiación, para evitar que ocurra como con el Parque Tecnológico de Burgos, aún pendiente de recpeción, y del que "nada sabemos sobre qué ha hecho la Junta para su promoción", ha dicho De la Rosa.

 

En esta iniciativa, los socialistas plantean que Burgos constituye uno de los principales motores económicos de Castilla y León por su fortaleza industrial, su liderazgo exportador, su tejido empresarial, su posición estratégica como nodo logístico del norte de España y el potencial de sectores como la automoción, la agroalimentación, la industria química, la energía o la innovación tecnológica. Y pese a ser un territorio esencial en el crecimiento de la Comunidad Autónoma, como afirma De la Rosa, la Administración autonómica no ha desarrollado una estrategia específica que permita consolidar el liderazgo económico de la provincia ni ha desplegado una política activa y sostenida de captación de inversiones industriales. En esencia, piden un plan industrial “a la carta” en cada provincia.

 

El secretario de Organización del PSOECyL y procurador por Burgos, que ha comparecido junto a Peña,  sitúa esta desidia de la Junta en un contexto de creciente competencia entre comunidades autónomas. Ambos han lamentado que Burgos no ha contado con una estrategia diferenciada de promoción industrial liderada por la Junta de Castilla y León que ponga en valor sus ventajas competitivas y facilite la implantación de nuevos proyectos empresariales”, ha lamentado.

 

Por eso, el PSOE reivindica a la Junta la constitución de una Oficina Permanente de Captación de Inversiones para Burgos, dependiente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), en colaboración con las entidades locales de promoción industrial de la provincia, como Sodebur, ProBurgos y Miranda Empresas.

 

Frente a la mala gestión de la Junta, el compromiso del Gobierno que, como ha subrayado Peña, ha escuchado a la provincia y evitará el colapso al acceso energético en la revisión de la planificación eléctrica hasta 2030 y, de las 20 grandes subestaciones del país, sitúa cinco en Burgos.

 

En esa línea, los socialistas han registrado también una iniciativa en la que piden crear una línea autonómica de subvenciones o ayudas directas, con cargo a los presupuestos de la Comunidad, destinada a las personas que causen alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y desarrollen su actividad en Castilla y León, establecer bonificaciones fiscales específicas y un plan económico de apoyo al relevo generacional en el medio rural. Además, instan a establecer la posibilidad de que las personas trabajadoras autónomas puedan acogerse a planes personalizados de pago, aplazamiento o fraccionamiento de tasas autonómicas y tributos propios.

 

Por último, plantean también implementar medidas financieras que impliquen la mejora de las líneas de financiación preferentes, créditos blandos y avales para emprender o ampliar negocios por parte de personas trabajadoras autónomas.

 

Otra de las proposiciones que ha dado a conocer en su comparecencia ante la prensa de la Rosa está relacionada con dotar de mayor transparencia y eficacia a la gestión del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, cuya sede se ubica en la capital burgalesa.

 

En su opinión, la actividad desarrollada por el Instituto en los últimos años se resume en una escasa proyección pública de sus actuaciones, como ocurre, según afirma, con la información disponible sobre los resultados alcanzados. También denuncia la ausencia de indicadores objetivos que permitan evaluar el cumplimiento de sus fines, de manera que imposibilita conocer si e lnstituto está aprovechando todo su potencial como motor de promoción de la lengua castellana y como elemento dinamizador de Burgos y de Castilla y León.

 

Así, esta iniciativa plantea, entre otras cosas, la comparecencia anual en las Cortes autonómicas de la Presidencia del Patronato, en el que se integran la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias, además de las cuatro universidades públicas de Castilla y León -Burgos, León, Salamanca y Valladolid- ocho de las nueve diputaciones provinciales (la Diputación de León se salió de la Fundación hace unos meses), los ayuntamientos de Aranda de Duero, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos.

 

De la Rosa sostiene que dicho Patronato ha perdido capacidad de dirección y fiscalización y explica que, en la actualidad, el Instituto carece de gerencia siendo la presidenta del Patronato, Mar Sancho, la hasta ahora viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, la persona que ha asumido estas funciones, extralimitándose de las competencias recogidas en los estatutos de la Fundación. Por ello, la proposición insta, entre otras cosas, a disponer la realización de una auditoría externa e independiente sobre la gestión del instituto Castellano y Leonés de la Lengua durante los últimos diez años y a la elaboración y publicación de un informe anual de actividad.